La educación argentina tiene múltiples urgencias y los últimos resultados de las pruebas de Unesco lo mostraron claramente. Pero si hay un problema histórico que se agravó críticamente con la pandemia ese es el del abandono escolar. Según las estimaciones oficiales serían unos 600.000 los chicos y adolescentes de todo el país que, por diversos motivos, dejaron la escuela desde marzo de 2020. Casi el 6% del total.
Pero hablamos de estimaciones, que surgen de considerar el 1.100.000 chicos que el año pasado se habrían desvinculado (o tuvieron “vinculación intermitente”), menos los 500.000 que pudieron revincularse este año, según la última información certificada de 15 provincias más el proyectado por el Ministerio de Educación, al que tuvo acceso Clarín.
Como sea, lo que está faltando son estadísticas certeras sobre cuántos chicos realmente dejaron las aulas. Ese dato surgirá del relevamiento de la matrícula (conocido como “RA”) que consolida el Ministerio de Educación nacional cada año. El último publicado es de 2019.
Pero más importante aún que eso (que sería una suerte de “foto” sobre la deserción escolar), es contar con un sistema informático capaz de seguir en forma personalizada (“nominalizada”) la situación de cada alumno, para así poder detectar en tiempo real y en forma temprana cuándo un alumno está dejando la escuela.
Con un sistema de este tipo, bien aprovechado, las autoridades podrían obtener todo tipo de datos relevantes para la planificación de políticas educativas: no sólo de los estudiantes, sino también de los docentes, salarios y presupuestos o infraestructura. Esto les permitiría contar con más evidencia para tomar decisiones y, en el caso del abandono escolar, conocer al instante cuándo un chico deja de ir a la escuela para inmediatamente, con una intervención adecuada, poder salir a buscarlo para que vuelva al aula.
Países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay ya lo vienen implementando, pero aquí, a pesar de que empezó a proyectarse en 2012 (cuando por resolución se creó el Sistema Integral de Información Digital Educativa, SInIDE); y aunque una ley de 2018 obliga a tenerlo (ley de “cédula escolar”), el sistema aún sigue retrasado a nivel nacional.
Es que, si bien este registro informático debe ser nacional, son las provincias (que administran las escuelas) las que tienen que implementarlo en cada distrito para luego sumar los datos a la base nacional. Y es ahí donde está todo trabado. Si bien algunas jurisdicciones avanzaron por las suyas (e incluso tienen planes de rastreo de chicos que dejan la escuela) aún no se logra avanzar en el sistema nacional.
Cada provincia en la suya
El Observatorio Argentinos por la Educación relevó -entre septiembre y octubre de este año- cómo está la situación en estos momentos. Consultaron en las 24 jurisdicciones, respondieron 18 y, entre ellas, sólo Jujuy y Santiago del Estero usan el SInIDE provisto por la Nación. Las otras 16 armaron sus propios sistemas, que por ahora tienen bajo nivel de cobertura, según muestra el informe del Observatorio realizado por Samanta Bonelli, especialista en políticas educativas.
Sólo 9 de esos 16 distritos (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) desarrollaron sistemas de información que están integrados o en vías de integración con la base de datos nacional del SInIDE. El resto maneja datos que sólo pueden usarse a nivel provincial.
Otro dato de interés que relevó el Observatorio es que de las jurisdicciones que cuentan con sistemas de información nominales propios, el 100% relevan información sobre estudiantes, pero sólo un 75% sobre docentes, un 50% sobre infraestructura escolar y apenas un 25% sobre salarios y presupuesto. Hay mucha más cobertura de las escuelas de nivel Inicial y Primaria que de Secundaria y Superior.
Consultados por Clarín, desde el Ministerio de Educación nacional reconocieron que “es una realidad que existen dificultades y demoras con la carga de datos”. “El ministro tiene la decisión de trabajar para mejorar los sistemas de gestión de la información. Se está haciendo una evaluación conjuntamente con las jurisdicciones para identificar dónde están trabas en la carga, pero la situación difiere por jurisdicción, por eso es complejo”, dijeron.
Para Bonelli, las principales razones del atraso en la implementación del sistemas es “la débil infraestructura digital y acceso a conectividad (especialmente en aquellas jurisdicciones con altos niveles de ruralidad) y a dispositivos tecnológicos; cuestiones institucionales y de capacidades instaladas en los equipos jurisdiccionales; la falta de decisión política y la débil cultura de generación y uso de datos”.
El reclamo de los especialistas
Mientras tanto, especialistas de todas las tendencias reclaman que se acelere el registro nominalizado de estudiantes. “La búsqueda de quienes quedaron excluidos durante la pandemia sería mucho más eficaz si hubiéramos cumplido con el programa y las normas del SInIDE. En tiempo y dinero, y en las consecuencias emocionales para los estudiantes, una vez más prevenir –contar con información oportuna– es mejor que curar –tener que contratar cientos de personas para que salgan a buscar a los excluidos–“, dijo Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.
“No obstante, el gran desafío es pensar cómo acoger y apuntalar a esos estudiantes cuando vuelvan. El propio SInIDE podría permitir dar seguimiento a trayectorias alternativas, personalizadas para que estos estudiantes se puedan reinsertar”, agregó.
“Los sistemas de información educativa basados en datos individualizados de estudiantes son esenciales para la gestión de los principales desafíos del sector educativo en la pospandemia. En Argentina se debe acelerar y profundizar el desarrollo de este tipo de información, que son la base del diseño de los sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar y de otros mecanismos de apoyo a la escolarización con aprendizajes relevantes”, dijo Juan Cruz Perusia, investigador de Cippec y coautor junto a Alejandra Cardini -directora del programa de Educación de esa ONG- de un reciente informe sobre los sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar.
Al respecto, Cardini le dijo a Clarín cómo debiera ser la intervención una vez detectado que el alumno está faltando y antes de que se produzca el abandono. “Si se detecta que el joven está trabajando, se puede ofrecer becas de estudio; si el abandono es por una cuestión de aprendizajes, lo más adecuado son las tutorías; y si es por un problema familiar, tendría que actuar una red de apoyo focalizada en lo social”.
El siguiente desafío es determinar quién se hace cargo de la implementación de esta política: si es la escuela, el distrito, la provincia o la nación. O de qué forma se combinan, explicó Cardini.