Con un documento ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, referentes de la oposición y organizaciones no gubernamentales de la provincia de Santiago del Estero denuncian presuntas “torturas y muertes producidas en dependencias policiales” así como también “amedrentamiento policial y detención arbitraria de manifestantes” y “amenazas a los familiares de las víctimas y apartamiento selectivo de jueces y fiscales”.
El documento, que publicó diario Clarín, comienza: “Por medio de la presente nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento una serie de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el territorio de la provincia argentina de Santiago del Estero”.
Allí se habla de “violaciones a Derechos Humanos que han sido ocasionadas, por un lado, a través de un sistema operado desde el Estado provincial que incluye a los sectores policial, judicial y político”.
De acuerdo al informe, que presentarán ante la ONU, se trata de hechos que habrían ocurrido “durante y después de los años 2020 y 2021” y que habrían sido compilados por el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad Santiago del Estero, una organización creada por las madres y familiares de las víctimas “que han agotado las instancias políticas e institucionales a nivel provincial y nacional sin obtener respuestas a sus reclamos”.
El objetivo de las acciones que exponen, señalaron, es “silenciar voces disidentes, proteger allegados al poder, amenazar víctimas y encubrir redes delictivas vinculadas a funcionarios públicos y sus familiares y, por el otro, a través de una serie de actos que configuran típicos casos de violencia institucional”.
El informe habla de una “fragilidad democrática” en la provincia, y sostiene además que “toda voz opositora se encuentra con la estructura oficialista de la persecución o la intervención, son los/as familiares de las víctimas y sus organizaciones quienes reclaman justicia”.
Este accionar de las instituciones, dicen, “debilita la democracia y el Estado de derecho” a través del “avasallamiento a la justicia federal en Santiago del Estero” y argumenta que los jueces federales “fueron denunciados en reiteradas ocasiones por favorecer al poder político”.
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