El Gobierno tendrá un mes y medio para ajustar el rumbo antes de recibir a la primera misión del FMI, que desembarcará en mayo para auditar las cuentas. La revisión será la primera prueba de fuego que enfrentará el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un contexto marcado por la desconfianza en el Frente de Todos pero también dentro del propio organismo.
El jefe de Hacienda deberá mostrar resultados y adoptar nuevas medidas un mes antes de lo previsto en el calendario original, que contemplaba la primera auditoría para el 10 de junio. Si bien el staff dio a conocer que la primera fiscalización será el 10 de mayo, desde el organismo confirmaron que la misión llegaría a mediados de ese mes. “Todavía no hay una fecha exacta”, señalaron.
El Fondo acordó el adelantar la revisión con Economía frente a “riesgos excepcionales”, principalmente por la guerra en Ucrania. En ese marco, el equipo liderado por Ilan Goldgajn, revisará las metas fiscales, monetarias y cambiarias del primer trimestre. Pero también se recalibrará el programa.
Luego de la aprobación del acuerdo, los técnicos anticiparon la necesidad de aumentar la recaudación y reorientar el gasto hacia infraestructura, reduciendo subsidios a la energía e incluyendo posibles medidas de contención social ante la aceleración de la inflación, que en marzo podría subir a entre 5 y 6%, el mayor nivel del año. Aunque sin recurrir a controles de precios.
En su último informe, el staff subrayó la “necesidad de un enfoque temprano y equilibrado (mediante una serie de medidas sobre la recaudación y el gasto, incluyendo una recalibración del presupuesto en inversión de capital) para asegurar que los objetivos fiscales y monetarios del programa sean alcanzados, protegiendo a la vez a los más vulnerables de la suba de precios de alimentos“.
En el plano fiscal, el programa prevé una reducción del déficit primario al 2,5% del PBI en 2022, por debajo del 3% en 2021, y, para el primer trimestre, un techo del 0,32% del PBI. En los primeros dos meses, el rojo fue del 0,13%, por lo que Guzmán llegaría a cumplir esa meta a fines de marzo. Pero la disparada de los combustibles por la guerra complica los números hacia delante.
Mientras el ministro asegura que el impacto será neutro y se comprometió a reducir los subsidios energéticos en 0,6% del PBI, en el staff creen que el costo fiscal por el conflicto será de 0,5% del PBI, debido a que el aumento de los subsidios a la energía por el incremento del gas licuado (GNL) será parcialmente compensado por los mayores ingresos, en particular los de las retenciones al agro.
“El shock tiene un saldo neutro en lo comercial, pero no en lo fiscal. Eso se debe a que los derechos de exportación son solo una parte de la suba de las exportaciones, no el total. En cambio, el incremento de las importaciones de energía caen plenamente sobre el gasto del sector público, que es el importador”, dijo Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGO.
El Fondo también revisará la meta de emisión monetaria: deberá reducirse del 3,7% del PBI en 2021 al 1% en 2022 y para el primer trimestre, el techo es del 0,34%. En el primer bimestre, el Banco Central se limitó a asistir al Tesoro en 0,02% del PBI, gracias a la creciente colocación de bonos de Finanzas, sobre todo los indexados a la inflación.
El BCRA deberá acumular, además, US$ 1.200 millones de reservas netas en el primer trimestre y US$ 5.800 en 2022, por encima del nivel de diciembre pasado. La entidad recibió el viernes, del Fondo, US$ 9.700 millones, de los cuales solo puede usar la mitad para cumplir la meta y US$ 2.700 millones ya los giró ese mismo día para cancelar pagos con mismo organismo.
La revisión también tendrá en cuenta también la inflación. El programa prevé una suba de precios de hasta 48% en 2022, pero el staff advirtió que que una inflación por encima del 50% es “inestable” (los analistas esperan hasta un 60%). Si bien no hay una meta cuantitativa, la suba de precios impacta en la tasa de interés y el dólar, dos puntos que también se recalibrarán.
“Los enfoques coercitivos (controles de precios involuntarios, prohibición de exportaciones, aumento de las retenciones a las exportaciones) deberían ser evitados, mientras que la mejor manera de proteger los ingresos del shock de precios de alimentos y la energía sería a través de los programas sociales existentes focalizados”, dijo el staff.