Los tiempos de la Justicia volvieron a poner el foco sobre el célebre caso Ciccone, que acaparó la opinión pública como una de las causas principales de funcionarios kirchneristas. El escándalo mediante el cual la empresa Ciccone Calcográfica pasó de la quiebra al Estado, llevó al encarcelamiento de un ex vicepresidente, a la renuncia de un procurador y, desde el jueves último, con un fallo de la Corte Suprema, al pago de mil millones de pesos de indemnización que saldrán de las arcas públicas.
Según la investicación judicial original, Amado Boudou, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, pretendió hacerse de las acciones de la imprenta a través de un testaferro, el empresario Alejandro Vandenbroele. La empresa, que enfrentaba una deuda millonaria con el Estado, fue rescatada por Boudou, quien intercedió ante la AFIP para levantarle su deuda. La maniobra puso en manos de su testaferro el 70% de las acciones de Ciccone. Tras el cambio de mando, la empresa fue rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana y firmó un contrato con el Estado por $ 160 millones de pesos para imprimir billetes, muchos de los cuales resultaron ser defectuosos y de mala calidad.
La causa se abrió a partir de que la ex esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijera ante la prensa que su marido oficiaba de testaferro de Boudou. A partir de esta denuncia, el juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar una propiedad del entones vicepresidente, a lo cual éste respondió con una conferencia de prensa en contra de él y del procurador general de la Nación, Esteban Righi. Según contó a la prensa, tres abogados del estudio jurídico fundado por Righi lo habían visitado para facilitar su relación con la Justicia Federal. Posteriormente presentó una denuncia formal por tráfico de influencias.
Ante las acusaciones, que fueron respaldadas por la administración kirchnerista, el jefe de los fiscales presentó su renuncia. Por su parte, la Cámara Federal dio lugar a la recusación de Rafecas, tras lo cual el expediente quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien procesó a Boudou a mediados de 2014 y elevó la causa a juicio oral tres años más tarde.
En medio del escándalo, el Congreso dispuso la expropiación de la empresa mediante una ley que la declaró de utilidad pública y el Estado procedió a hacerse de ella entendiendo que la cancelación de la deuda que la empresa tenía con el fisco compensaba el pago por la indemnización. Esta semana, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad de la maniobra y la obligación de compensar a los accionistas.
En 2018, Boudou se convirtió en el primer vicepresidente en ser condenado a prisión por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”. A su vez, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos de por vida. La pena fue de cinco años y diez meses de prisión. En 2021 le concedieron la libertad condicional.
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