La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, dijo que es necesaria una segmentación “más compleja” de las tarifas de energía eléctrica, en la que, además de la ubicación geográfica de los usuarios, se tome en cuenta, por ejemplo, sus ingresos.
Así lo manifestó Muiños en diálogo con Télam tras participar de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), donde se presentaron las propuestas tarifarias para 2022.
“La segmentación tiene que cruzar otras variables, no sólo la geográfica. Si bien tenemos presente la división norte-sur de la ciudad de Buenos Aires y sabemos que hay barrios con un poder adquisitivo mayor, también entendemos que hay porteños y porteñas que viven en barrios más pudientes pero no tienen un poder adquisitivo similar al de sus vecinos”, dijo Muiños.
Por otra parte, la Defensora también consideró que debería evaluarse un “sistema más flexible” para la tarifa social, donde las personas puedan plantear su situación y, de ser necesario, solicitar “excepciones”.
“Creemos que la tarifa social tiene que tener parámetros muy flexibles y una escucha activa de parte del ENRE”, afirmó.
Por otro lado, propuso incorporar una “categoría especial” para “usuarios electro-intensivos”, es decir aquellos hogares que dependen de la energía eléctrica para la calefacción, la cocina o el agua caliente.
“Desde hace varios años, en la ciudad, se han construido edificios autorizados por el Gobierno porteño cuya única fuente de energía es la eléctrica. Eso encarece la factura y condiciona la cotidianidad. Si no tienen servicio eléctrico no pueden cocinar o encender la estufa”, dijo.
Por otro lado, sostuvo que las compañías distribuidoras de energía “están en condiciones” de mejorar la calidad del servicio, más allá del aumento de tarifas.
“Creemos que están en condiciones de realizar las inversiones necesarias para la mejora del servicio, y si se requiere un aumento, que este sea razonable, que lo pague el usuario o la usuaria que esté en condiciones de pagarlo”, afirmó.
“Creemos que la tarifa social tiene que tener parámetros muy flexibles y una escucha activa de parte del ENRE”
Y agregó que el “supuesto” de que los aumentos son destinados a las inversiones “no se cumplió”.
“Hemos recibido aumentos de hasta 7.800 por ciento durante el gobierno de Mauricio Macri como presidente y nos damos cuenta que eso no se tradujo en una inversión de la empresa para mejorar el servicio. Si hubo un aumento y no se invirtió, qué nos garantiza que se va a invertir”.
Por último, dijo que la Defensoría participa de la audiencia “para resguardar el derecho de los porteños y las porteñas a tener un buen servicio, cosa que no están teniendo hace aproximadamente 20 años, especialmente por parte de la empresa Edesur”.