Mientras el equipo económico negocia desde este fin de semana en Washington, no hay nadie en el oficialismo ni en la oposición mayoritaria que se oponga a la firma rápida de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Está claro que es más por pragmatismo que por amor. Hoy no hay dinero capaz de afrontar los próximos vencimientos y el escenario de un nuevo default es más preocupante que el de un acuerdo imperfecto.
La única duda de la negociación es si se logrará un acuerdo de corto o de largo plazo y qué tan estrictos serán esta vez los pedidos de ajuste del FMI. El equipo económico encabezado por el ministro Guzmán aspira a un plan de facilidades extendidas de diez años, con cuatro o cinco de gracia, y a recibir los eventuales beneficios de un alivio futuro en las políticas del organismo. A cambio, llevan a Washington la promesa de un plan económico plurianual que cuente con el apoyo explícito de la oposición y, al menos, el implícito de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque al Fondo no le preocupa lo que ella diga, sino lo que haga.
En cuanto al histórico reclamo del FMI sobre el saneamiento de las cuentas fiscales, no habría demasiado conflicto, no hace falta presionar a Guzmán en ese sentido, lo hace sin que se lo pidan. El año pasado, en plena pandemia, el ministro aterrizó el déficit primario en 6,5%. Este año se lo estimaba en 4,5%, y las últimas estimaciones lo ubican en 3%.
Guzmán dice que no es producto de un ajuste, si no una consecuencia del crecimiento económico. En cualquier caso, la tradicional exigencia del FMI de achicar el déficit, esta vez se va a encontrar con un interlocutor a su medida que está convencido de lo mismo.
