A pedido del fiscal Eduardo Taiano, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó un entrecruzamiento de llamados telefónicos que incluyen a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. La magistrada autorizó investigar las llamadas entrantes y salientes del despacho de la funcionaria, en el marco de la causa por el llamado Vacunatorio Vip.
Según consignó Clarín, el fiscal Taiano argumentó que “no se puede descartar la participación” de Vizzotti, que no está involucrada en el expediente y asumió tras la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García, imputado en la causa al igual que otros funcionarios de la cartera.
La orden de la jueza surgió a raíz de un pedido del fiscal federal, quien solicitó analizar las comunicaciones telefónicas tanto de los ex funcionarios como de la Ministra de Salud.
Vacunatorio VIP: la Cámara Federal ordenó reabrir la causa y pidió investigar a los vacunados
Al solicitarlo, Eduardo Taiano argumentó en un dictamen que “teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo, Martín Horacio Sabignoso y Arnaldo Darío Medina, por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el Covid-19 que debían asignarse y suministrarse conforme la Resolución M.S. 2883/20″.
A fines de agosto, la Cámara Federal había dispuesto revertir el archivo parcial del expediente y ordenar la reapertura de la causa, al tiempo que exigió investigar a las personas que fueron vacunadas en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud.
La jueza Capuchetti había archivado la causa por inexistencia de delito, argumentando que “en el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”.
Esto fue revocado luego de que la Procuraduría de Investigaciones (PIA) planteara que la investigación no quede archivada ya que en el momento en el cual se detectó la irregularidad, las vacunas eran un bien escaso, planteo al que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar.
El expediente suma unas 385 personas que no estaban registradas como personal de salud y fueron inoculadas contra el Covid-19 de manera irregular durante la gestión de González García.
AG / ED
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