La Argentina podría ser nuevamente embargada en Estados Unidos a raíz de los juicios de los holdouts, según se desprende de un pedido de ejecución de sentencia presentado ante el Departamento de Justicia de aquel país por parte de tres fondos buitre: Attestor Master Value, Trinity Investments y Baindridge Capital. El monto en cuestión es por 230 millones de dólares, según publicó este martes el diario La Nación.
El pedido de embargo, si bien no tiene vinculación directa alguna, llega en un momento en que el Gobierno define tras las elecciones la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El reclamo de los fondos buitre consiste en embargar los activos que la Argentina tenga en la Reserva Federal de Nueva York, y fue realizado directamente con el formato de “orden de ejecución”. Eso podría significar que ya fue otorgada la autorización judicial para dicho embargo y que ahora los fondos estarían buscando que se concrete el pago.
La mayoría de los fondos buitre con tenencias de bonos argentinos en default entraron en los canjes de 2005, 2010 o en la propuesta de pago que les hizo el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
Sin embargo, persistió un pequeño grupo de fondos que no entraron en ninguna de aquellas propuestas, ya sea porque no las aceptaron o bien porque en aquel momento los propios fondos no calificaban para cerrar un acuerdo.
Según el economista Daniel Maril, quien sigue de manera cotidiana los juicios contra la Argentina en el exterior, a comienzo de este año la Argentina había elevado su informe anual ante la Security Exchange Commission (SEC) de Wall Street, en el cual computaba casos abiertos (juicios) por un total de 550 millones de dólares.
“Lo llamativo fue que en febrero vimos cómo los tres fondos encabezados por Attestor pedían a la jueza Loretta Preska (quien sucedió al fallecido juez Thomas Griesa en la Corte del Distrito Sur de Nueva York) que autorizara un pedido para determinar cuáles eran los activos argentinos. Esa medida, llamada discovery, fue una especie de anuncio de que este año iba a volver a haber embargos contra la Argentina”, agregó Maril.
El abogado que representa a los fondos es Dennis Hranitzky, quien en su momento fue quien representó al fondo NML-Eliott Capital Management para embargar a la Fragata Libertad en Ghana. Ahora Hranitzky fue quien solicitó el embargo de los activos argentinos en la Reserva Federal neoyorquina.
“El documento que presentaron los querellantes es confidencial, de modo que no se sabe qué tipo de activos son los que se solicitó embargar. Pero dadas las actuaciones previas del abogado que los representa, no habría que descartar que consiga un embargo contra futuros pagos de la Argentina por la deuda, obligando de hecho al país a entrar nuevamente en default”, agregó Maril.
Otros analistas ofrecieron una mirada más escéptica sobre las posibilidades de éxito de ese reclamo. “No es la primera vez que hay un pedido de embargo, que sin embargo termina siendo rechazado. El tema de los holdouts quedó cerrado desde que Griesa refrendó el acuerdo de pago de 2016”, señalaron esos analistas.