Cuando el ministro Martín Guzmán confirmó que el Gobierno le pagará al Fondo Monetario Internacional el vencimiento del 22 de diciembre, terminó con una duda extendida en el mercado financiero.
Esa duda era si el Gobierno decidiría caer o no en un default con el FMI antes de fin de año por no pagar US$ 1.900 millones.
Ahora, a contar por las palabras del ministro de Economía, la Argentina decide pagar y, por tanto, la duda que se abre es otra: ¿Cuántas reservas líquidas quedarán el Banco Central después de desprenderse en diciembre de US$ 1.900 millones?
Un dato a favor del Banco Central es que tiene las divisas para pagar ya que se las dio el FMI como aporte para atender las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Un dato en contra es que, de no mediar algún ingreso extra, las reservas netas llegarían a un límite rondando los US$ 2.000 millones.
Como en otros momentos difíciles de la historia económica argentina, la situación preelectoral encuentra al Gobierno raspando el fondo de la lata de las reservas, con el dólar oficial relativamente atrasado, con las tarifas de luz, gas y transporte congeladas (también los precios de la nafta) y dando manotazos para congelar los precios de los alimentos, los medicamentos, la indumentaria.
No hace falta la presencia de un chico que diga que el rey está desnudo porque los números están a la vista y especialmente el lacerante 52,5% de la inflación anual.
El economista Daniel Artana, de FIEL, destaca que las respuestas del Gobierno a la crisis se parecen a las de un fin de mandato aun cuando le quedan dos años de gestión.
Y el ex ministro Domingo Cavallo opina que la crisis actual es más parecida a la que precedió al “Rodrigazo” de 1975 cuando estalló el “plan Gelbard” que a la salida de 2001-2002 al estallar la convertibilidad.
Entre las similitudes con la década del 70, además de lo lamentable de seguir comparándose con los malos resultados de 46 años atrás, están los congelamientos de variables y de atraso cambiario en el intento de frenar la inflación pero sin desborde de emisión.
La recaudación crece por encima de la inflación en más de 7 puntos en un año y el gasto previsional cayó más de 17% en términos reales.
Es en base a esos datos que el economista Jorge Ingaramo marcó una diferencia con el pronóstico de Cavallo diciendo “la guita que está en la calle no alcanza para un Rodrigazo”.
Este año el Gobierno contó a su favor con tres elementos clave: por las exportaciones agropecuarias ingresaron US$ 12.000 millones más que en 2019 (la soja de US$ 520 la tonelada fue determinante), el impuesto a los más ricos alimentó al Tesoro y el FMI le otorgó US$ 4.300 millones extra para la atención de la pandemia. Probablemente, en 2022 nada de eso se repita.
La apuesta oficial de cortísimo plazo es que los turistas del exterior traigan dólares y que los productores de trigo adelanten la liquidación de la cosecha para aprovechar los US$ 290 a que cotiza la tonelada.
En uno y otro caso, el problema es la brecha cambiaria (mayorista $ 99,94/ blue $199) que en 100% marca, junto con los 1.733 puntos de la tasa de riesgo país, el enorme nivel de incertidumbre en el que se mueve la economía.
El Banco Central intenta tapar agujeros y les impide a los bancos que se dolaricen (el viernes algunos debieron salir a vender dólares para cumplir con la norma). Además, vende bonos GD30 para tratar de frenar la trepada del dólar Bolsa (está en $ 205) pero no logra detener el proceso de cobertura frente a una posible devaluación.
Tal vez el dato más concreto sobre esa cobertura lo está dando el precio del bono dollar-linked que vence en abril del año próximo. Tanta es la demanda y la suba del precio que ofrece una tasa “negativa” de 13%. Todo sea por el intento de quedar a salvo de la devaluación que muchos consideran inevitable en algún momento de los meses por venir.
La contracara de esa suba de los bonos atados al dólar la presenta la debilidad de los globales que cotizan al 30% de su valor, reflejando que la apuesta del mercado es una probabilidad de 80% de default hasta 2024.
Aún sin evidencia, es de esperar que un plan de estabilización se vaya gestando para ser aplicado en los próximos seis meses.