Desde mañana el gobierno de Alberto Fernández probará de su propia medicina: pagará una tasa de interés mayor (penalización) a la que venía honrando por el préstamo que Argentina tomó del FMI en 2018. Así, en noviembre saldrán de las reservas US$ 111 millones extra en concepto de sobretasas por deudor moroso.
El motivo concreto por el cual estos cargos aumentan desde noviembre 1 punto porcentual es que empiezan a correr los 36 meses desde que Argentina tiene el crédito con el FMI por encima de la cuota que le corresponde (187,5%). Así está establecido en las reglas del organismo, y que la Argentina pretende modificar vía el G-20.
Así, entonces, la Argentina pasa a pagar la tasa de interés máxima que el Fondo establece para este tipo de créditos: 4,05%.
A esta cifra se llega sumando los siguientes ítems:
– 0,05% tasa de interés,
– 1% básico de cargo,
– 2% por acceder a un préstamo superior al 187,5% de la cuota de Argentina,
– 1% porque el monto que el país adeuda por arriba del 187,5% de su cuota persiste hace más de 36 meses.
La suma de estos cargos da 4,05%.
Argentina pide al G-20 y al FMI que se anulen estos dos últimos. El motivo es que castigan más a los países que enfrentan más stress financiero y que va en contra del espíritu del FMI mismo, que es ayudar a las economías más vulnerables.
“Hay un escenario base y es llegar a un acuerdo en el verano. El negativo es cerrar un entendimiento en el otoño” (Andrés Borenstein, economista de Econviews).
Según una estimación de la consultora ACM, el costo de las sobretasas significan unos US$ 1.252 millones anuales. “Lo cual resulta relevante en términos de sostenibilidad fiscal como también externa, dada la actual situación macroeconómica del país”, dice el economista Juan Pablo Di Iorio, autor del trabajo.
Desde que el Fernández asumió en su cargo, la Argentina pagó al FMI US$ 4.174 millones. Salieron de las reservas. Fueron US$ 2.282 millones de intereses y US$ 1.892 millones de capital. Con cada vez menos reservas, el problema es que la Argentina deberá cancelar más vencimientos de ese modo si sigue demorando el acuerdo con el FMI. Cerrando un programa le permitiría refinanciar los pagos y no tocar las reservas.
Según Di Iorio, el gobierno de Fernández incurrió en un costo de US$ 7.605 millones al haber retrasado a lo largo de 2021 el acuerdo con el FMI. Esta cifra sale de haber pagado cash al FMI en septiembre pasado los US$ 1.892 millones y, de ahora en más, las sobretasas (las que empiezan a correr desde noviembre), más los vencimientos de capital que se avecinan. Todo esto sale en cash.
Según fuentes del Gobierno el vencimiento de diciembre (US$ 1.892 millones) se pagaría con los DEG. En enero caerán US$ 731 millones y en marzo US$ 2.873 millones. Si el acuerdo no está listo para entonces, Argentina deberá hacer frente a toda esta obligación con divisas o, en su defecto, entrar en atrasos (arrears) con el FMI.
“El Gobierno incurrió en un costo de US$ 7.605 millones al haber retrasado a lo largo de 2021 el acuerdo con el FMI” (Juan Pablo Di Iorio, economista de ACM).
Por lo tanto, el plan del ala más dura del Gobierno, de patear lo máximo posible un entendimiento con el FMI, se consigue a fuerza de perder reservas porque se utilizan los escasos dólares que hay hoy, para dárselos al FMI en un momento en el que la economía está jaqueada por fuertes desequilibrios. Ayer Máximo Kirchner pidió más tiempo al FMI.
Otro costo de demorar el acuerdo es la inestabilidad cambiaria. Como dice un informe de Econviews de este viernes, un programa con el FMIsería “una ventana de oportunidad para poder resetear la política cambiaria, monetaria y fiscal. Un reordenamiento macroeconómico con el ancla de un plan”.
Según la consultora del economista Fernando Marull, FMyA, “para el verano 2022 asumimos que se va a transitar con más cepo y más brecha cambiaria. Hay un 30% de probabilidad de un salto cambiario como en el de 2014”.