Ante el anuncio de una nueva protesta la semana próxima de las organizaciones sociales de izquierda en la 9 de Julio, la Ciudad buscará evitar el acampe y el corte del Metrobús aunque los funcionarios porteños admiten que frente a una cantidad de personas como la de la última protesta (unas 20 mil, con familias enteras, mujeres y niños) será muy difícil. Por eso pidieron coordinar acciones con Nación para enfrentar la protesta.
Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, pidió una reunión con Aníbal Fernández y Juan Zabaleta, titulares de las carteras de Seguridad y Desarrollo Social de Nación.
“Hay muy poco para hacer sin ejercer la violencia. No escapamos a la responsabilidad, pero no es un reclamo al que podamos darle respuesta nosotros y resulta que el resto lo balconea. Por lo menos tenemos que trabajar en conjunto”, dijo a Clarín uno de los funcionarios porteños involucrados en el control de la calle, un propósito “muy complejo” -admitió- en situaciones como la del acampe de 48 horas entre el miércoles y el viernes, en la 9 de Julio, frente al ministerio de Desarrollo Social.
Antes de que los integrantes de Unidad Piquetera se instalaran, efectivos de la Policía de la Ciudad les quitaron carpas y otros materiales para acampar, aunque no consiguieron ordenar el reclamo ni impedir la interrupción del Metrobús durante dos días.
“Si Nación no se hace cargo del problema, es muy difícil. Podemos ordenar mejor o peor la calle, pero la respuesta no está a nuestro alcance”, insistieron en la sede de la calle Uspallata.
La Policía de la Ciudad está a cargo de las calles en el distrito, mientras que los accesos, autopistas y estaciones ferroviarias dependen de Nación. Por lo general Prefectura custodia el Puente Pueyrredón y Gendarmería la Ricchieri. “Siempre articulamos con Ciudad y hay disposición de coordinar acciones en conjunto, pero es muy difícil en situaciones como la de la semana pasada con tantas mujeres y chicos”, coincidieron desde el ministerio conducido por Aníbal Fernández. Por el momento no confirmaron la reunión, aunque este lunes podrían acordar un encuentro en la semana posiblemente por Zoom, porque D’Alessandro contrajo coronavirus.
Las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera adelantaron que volverán a protestar el 13 de abril, en caso de no obtener respuestas a los reclamos de mayor asistencia. Desde Desarrollo Social ratificaron que no habrá más incorporaciones al Potenciar Trabajo, que ya cobran cerca de 1.200.000 beneficiarios. Los movimientos aducen que en el Renatep (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) el propio Gobierno registra cerca de tres millones de personas.
En el distrito administrado por Horacio Rodríguez Larreta tienen una mirada crítica de la política social del Gobierno, estiman que la conflictividad irá en aumento por los niveles de pobreza e indigencia y por la inflación, y consideran que la asistencia tiene que ser “más eficaz, que le llegue a la gente” en lugar de a los intermediarios. En la última protesta calcularon unas 20.000 personas, y unas 9.000 que pasaron la noche en la 9 de Julio pese al frío, una cantidad mayor a otras movilizaciones.
Desde Nación adjudicaron el conflicto a una puja con un sector de las organizaciones sociales, enfrentadas al Gobierno y que reclaman más planes, a diferencia de los movimientos integrados al Frente de Todos y con cargos en el Ejecutivo como el Movimiento Evita.
Sobre los intentos frustrados de detener el acampe, en la Ciudad desestimaron un cambio respecto de la postura que venía teniendo la administración de Rodríguez Larreta frente a los cortes de calles.
“Hay un hartazgo legítimo de la sociedad, pero nadie quiere que usemos la violencia. Siempre tuvimos una política de recuperar el espacio público”, argumentó un funcionario porteño, y enumeró a los ex combatientes de Malvinas instalados en la Plaza de Mayo, los Qom en la 9 de Julio y los manteros de Once, entre otros casos en los que pudieron levantar las protestas, a diferencia de las movilizaciones masivas.