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El sindicato UGT en Córdoba está a la espera de que el Gobierno central acepte la cesión del edificio de su antigua sede, ubicada en la calle Marbella, en el distrito sur. El local lleva años cerrados, desde el traslado del sindicato a Gran Capitán, y durante todo este periodo los vecinos del barrio han denunciado las condiciones lamentables en las que se encuentra el edificio. Lleno de suciedad, el espacio ha sido foco de incendios en varias ocasiones, y los residentes de la zona apuntan a que drogodependientes lo utilizan para inyectarse.
A pesar de que lleva cerrado años, sin ningún tipo de uso y acumulando suciedad, el edificio ha salido hoy a colición durante el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. El portavoz del PSOE en el Consistorio, Antonio Hurtado, en el apartado de ruegos y preguntas, ha planteado al gobierno municipal que «llegue a algún tipo de acuerdo con la propiedad» para adecentar el espacio que, ha dicho, «es un foco de basura y se encuentra en estado deplorable».
El alcalde, José María Bellido, ha contestado a Hurtado afirmando que ha hablado en varias ocasiones con UGT para interesarse por el tema. Bellido ha insistido en que el Ayuntamiento no puede actuar en un edificio que no es suyo y sí ha planteado que, una vez vuelva a ser patrimonio público, se podría buscar un uso social y ciudadano para la zona.
Dentro del patrimonio sindical acumulado
Según han informado fuentes de UGT a este periódico, el edificio de la calle Marbella pertenece a lo que se conoce como patrimonio sindical acumulado, esto es, el conjunto de inmuebles propiedad de la Administración General del Estado que se ceden a los sindicatos, de forma gratuita, para que puedan satisfacer sus necesidades de funcionamiento y organización.
Es decir, el edificio es público porque es de la Administración del Estado, pero ésta lo cedió a UGT y la devolución tras quedarse sin uso no se ha efectuado. Las mismas fuentes del sindicato explican que ya se han puesto en contacto con la Subsecretaría de Trabajo y Economía Social para cederlo y que engrose de forma oficial el patrimonio público para, luego sí, poder actuar en él con los objetivos que se estimen oportuno.