Está impulsado por el oficialismo y crea un registro de aplicaciones y trabajadores. Rechazo de la oposición y un sector de los repartidores.
La discusión de un proyecto para regular la actividad de los servicios de delivery en la Provincia reabrió una polémica y volvió a enfrentar al oficialismo con la oposición -y también opositores entre sí- en el Parlamento bonaerense.
Este martes está prevista una reunión de un plenario de comisiones en la cámara de Diputados, en la que el Frente de Todos pretende avalar la creación de un “registro de trabajadores de plataformas de aplicaciones”. Es una propuesta que votó el Senado en octubre del 2022 que ahora provocó una fuerte reacción entre los legisladores “libertarios” y algunos de Juntos por el Cambio.
También repercutió en las calles: los grupos que nuclean a repartidores anunciaron que harán una protesta frente a la sede de Diputados donde se realizará la reunión, en 53 entre 8 y 9 (una sede anexa del cuerpo legislativo).
Son autoconvocados y aseguran que “La provincia quiere cerrar las aplicaciones”. Aunque no todos están en contra: Mariano Gastón Robles, del sindicato Único de Trabajadores de Motos, dijo en una nota con radio La Cielo de La Plata, que “sería el primer paso hacia la regularización de esta actividad”.
De acuerdo con los rechazos legislativos “están en riesgo 25 mil puestos de trabajo”. Los diputados Guillermo Castello (Libertad Avanza) y Sergio Siciliano (JxC) coinciden en que si se aprueba la nueva normativa “todas las empresas que operan aplicaciones dejarán de funcionar en la Provincia”. Se trata de Rappi, Pedidos Ya, Uber, Cabify y quienes reparten para Mercado Pago.
La propuesta tiene genética sindical. La presentó el senador Omar Plaini, dirigente de los canillitas, y fue aprobado allí por unanimidad. Aún cuando en ese cuerpo JXC tiene el mismo número de votos que el oficialismo.
Ahora es el turno en la Cámara de Diputados. Por eso, la convocatoria al plenario fue de la presidenta de la comisión de Trabajo, la diputada y también gremialista Soledad Alonso.
La normativa establece que el registro que funcionará en Provincia deberá “fijar las condiciones y requisitos de inscripción; identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados”.
También tendrá atribuciones para “controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad; determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento y “exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores”.
Según explicó Castello a Clarín “es pasar de un formato libre, de vínculo particular de los chicos con la App a un formato de trabajador regido bajo el régimen del Contrato de Trabajo. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo”.
“Es la puerta de entrada para regular a los repartidores como empleados de las empresas por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual podrían empezar a cobrarles impuestos. Si esto ocurre, lo más probable es que desaparezcan 25.000 puestos de trabajo. Detrás de esto está la creación del sindicato de repartidores. Esto impacta en las ganancias de los gastronómicos también porque actualmente, de acuerdo con la cámara que los agrupa, 30% de sus ingresos dependen del servicio de delivery”, aseguró el diputado Siciliano.
También se sumó a la polémica –por redes- el intendente de Vicente López con licencia y ministro de CABA, Jorge Macri. “No rompan lo que anda”, dijo el funcionario que busca ser candidato a Jefe de Gobierno porteño. En la Capital hay –desde 2020- una regulación pero sólo para conocer datos de los repartidores y a qué plataforma pertenecen.
Hubo –entre estos dos sectores opositores- cruces de reclamos por la aprobación en Senado. “O no sabían lo que votaban o aprobaron a cambio de alguna otra ley”, acusaron a los senadores de Cambiemos desde sectores libertarios.
La aprobación en el plenario de hoy sería posible para el oficialismo. Es mayoría en todas esas comisiones que se reúnen. Pero el paso al recinto tendría otro trámite. “Si JxC se pone firme esta ley no sale. Pero habrá que ver como terminan definiendo la interna”, dijo a Clarín un asesor parlamentario.
La Plata (Corresponsalía)