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Vaca Muerta, los bonos de la ANSeS y otros manotazos del Gobierno en medio de la crisis de las reservas

Hay una orden de Sergio Massa a la Aduana y a la Secretaría de Comercio plantada en medio del mar de urgencias, improvisaciones y distorsiones sin fin en que se ha convertido la economía oficial. Según quienes conocen entretelas de esa movida, la consigna funciona como un semáforo verde siempre encendido y apuntado a los dólares que rendirá la explotación de Vaca Muerta.

Puesta en palabras del INDEC, se trata de la importación de “tubos soldados por arco sumergido, hierro, acero (…) utilizados en oleoductos y gasoductos”. Más claro, son los caños que ingresan, libres de trabajas y cepos, para el gasoducto “Néstor Kirchner” que en una primera etapa unirá las localidades de Trabayén, en Neuquén, y Saliqueló, en Buenos Aires, y luego seguirá viaje hasta Santa Fe.

Harto justificada visto el cuadro general, la urgencia de Massa va acoplada a la pérdida de reservas del Banco Central y tiene la forma, en principio, de un paquete de US$ 1.800 millones anuales que el país se ahorraría en importaciones energéticas.

Si se prefiere verlo por el revés, US$ 1.800 millones que son en realidad producción de gas y petróleo no convencionales, del tipo shale, de Vaca Muerta. O sea, de la única clase de hidrocarburos que aquí crece de verdad y proviene de un espacio en el que Neuquén reina sin competencia.

Está claro que la movida no resuelve el problema de la dependencia exterior que arrancó violentamente en 2011, pleno cristinismo, cuando las importaciones energéticas pegaron un salto del 108% y escalaron a US$ 9.800 millones.

En la otra cara de la moneda, la producción nacional se sostiene, a duras penas, por lo que genera Vaca Muerta. Siempre creciente, en el caso del gas ya representa el 55% del total y un 42% en el petróleo.

De vuelta al agujero verde, los números del INDEC de 2022 sentencian compras al exterior por impresionantes US$ 12.868 millones, de los cuales casi 8.900 millones se fueron en gas oil, gas natural licuado y gas natural. Son también un registro del impacto sobre los precios internacionales provocado por la invasión de Rusia a Ucrania.

Una muestra quizás más precisa del cuadro de situación surge del balance entre exportaciones e importaciones de ese año. Marca déficit de US$ 4.470 millones y revela, así, que el ahorro de 1.800 millones de dólares que de arranque generaría Vaca Muerta ayuda, pero ayuda hasta ahí nomás.

Por de pronto y gracias al vía libre aduanero de Massa, parece cerca de coronarse una meta clave del operativo: el gasoducto Néstor K estaría terminado y operable a partir del 20 de junio. “No sería un gran problema que se demorase algunas semanas, pero debe pesar en el invierno”, dice un empresario del sector.

Pesar se entiende por disponible para enfrentar-evitar los apagones y los costos políticos que, en plena campaña electoral, podría generar la fragilidad de un sistema atado con alambres. Más, claro está, el ahorro de divisas que sea.

Luce cantado que si Vaca Muerta manda en toda la línea y el Banco Central rasca el fondo de la olla en busca de dólares que escasean, sobran empresas que pagan el costo de la falta de insumos importados. Previsibles en un régimen en más de un sentido administrado a dedo, los baches productivos conviven con excepciones a la regla considerables.

Lo que viene por otro carril y viene tocando pito son algunas medidas que suenan a tarifazo. Según datos de especialistas, en junio llegarían aumentos en Edesur y Edenor del orden del 70% para los usuarios considerados de ingresos bajos y del 136%, o mayores al 136%, en los estamentos de altos recursos.

En el gas la información anota un inicial 35% promedio pero rumbo al 200% que se acumularía entre el invierno de 2022 y este próximo de 2023. Por donde se mire, un ajustazo en plena temporada electoral acomodado a las exigencias del acuerdo con el Fondo Monetario.

Al listón de decisiones de apuro, confusas y además de dudoso beneficio, acaba de sumársele el manotazo que el gobierno kirchnerista le pegó a los bonos dolarizados de la ANSeS. Viene con pesificación de prepo y aval de Cristina incorporados.

Una idea es utilizarlos para intervenir en el mercado cambiario de modo que, llegado el momento, sirvan para contener a los dólares digamos más disruptivos: el contado con liquidación y el MEP, que transan las empresas y pueden activar turbulencias inquietantes. Sería, nuevamente, una manera de preservar las reservas.

El problema o uno de los problemas que el operativo tiene por delante aparece en la desconfianza creciente que despiertan el Gobierno y las medidas del Gobierno, más el aumento de la presión sobre la caja del BCRA a medida que va achicándose.

Lo prueba, por si hacen falta pruebas, el brinco del 9% que el riesgo país pegó en apenas un par de días, desde que se conoció la medida.

Bien concretos, los apremios brotan en un informe del ex Banco Central y actual director de la Fundación Capital, Carlos Pérez.

Con Martín Redrado ya integrado a los equipos de Horacio Rodríguez Larreta, Pérez calcula que las reservas netas, del tipo disponibles, han caído a alrededor de US$ 1.400 millones que es como decir diez días de importaciones apretadas. Así, contra los casi US$ 9.100 millones de principios de año la pérdida de divisas ronda US$ 7.600 millones.

Hay de todo en ese buraco. Hay pagos al FMI y a los bonistas, ventas del BCRA al sector privado estimadas en US$ 1.960 millones y anticipos del bajón en las exportaciones agropecuarias que viene empujado por la gran sequía. Ahí Pérez proyecta un saque de US$ 18.300 millones y cerca de US$ 20.000 millones, dicen en el mercado de cereales.

¿Es posible que el manotazo a los bonos dolarizados de la ANSeS sirva para cerrar al menos una parte de semejante agujero? Algunos grandes operadores dudan y dudan, entre otras cosas, por el valor real al que pueden negociarse esos títulos.

Eso sí, no queda ninguna duda sobre la audacia, el desparpajo y la impunidad con las que se maneja el kirchnerismo. Ahora mete mano en un fondo creado y constituido, en origen, con recursos que administraban las AFJP y fueron estatizados hacia noviembre de 2008, en tiempos de Cristina presidente y Boudou director de la ANSeS.

Será para ver si los jubilados sacan algún beneficio de este nuevo manotazo o será cosa de creer en los milagros. Entretanto, lo que tenemos a la vista advierte que los jubilados pierden en toda la cancha y todo el tiempo.

Datos de un centro de investigaciones vinculado a la CTA kirchnerista revelan que, contra 2019 y descontada la inflación, el haber mínimo real cae 9,7% y se desploma un 24% si la referencia es 2015. Elaborado por CIFRA, el informe aclara que el 24% se reduce a un 8,8% computando los “bonos extraordinarios“.

Se sabe que los bonos nunca van integrados a la jubilación y que son una manera de paliar los saques de la súper inflación. O algo peor, en un punto: pueden entenderse como una arbitrariedad del tipo “te doy cuando quiero o te doy cuando me conviene”.

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