Para dimensionar, una caja de $ 2.500 millones por día equivale a $ 104 millones por hora, a unos $ 75.000 millones por mes y, anualizados, a más de $ 900.000 millones. Esa estratosférica cantidad de recursos es la que administraron durante 2022 los dos principales programas del Ministerio de Desarrollo Social, destinados a cubrir las necesidades alimentarias y de trabajo de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El incremento exponencial de recursos se dio en un contexto de piquetes constantes, que se repitieron desde los primeros días de enero hasta este cierre de diciembre, principalmente de parte de dirigentes de izquierda, díscolos con la política social del Gobierno, pero también por aquellos alineados, que resistieron muchas decisiones oficiales.
Y 2023 no será diferente. Con la confirmación del pago de un bono de $ 17.375 en abril para los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo, se confirma una suba de fondos que ya se proyecta como corta teniendo en cuenta las previsiones que se hicieron en septiembre, cuando se presentó en el Congreso el texto del presupuesto que empezará a regir la semana que viene.
Como cierre de año, además, un pacto de no agresión firmado por los piqueteros con el Gobierno en el que se estableció una tregua de cortes de calle por apenas 48 horas. Así de breves son los períodos de pax que se logran cerrar, en la antesala de otro año que se perfila de mucho conflicto.
El Potenciar Trabajo, con fondos millonarios y observado por la Justicia
La principal caja de Desarrollo Social es el Potenciar Trabajo, a cargo del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, que es secretario de Economía Social. Acusado por la oposición de estar “de los dos lados del mostrador”, Pérsico administró durante 2022 fondos por $ 491.700 millones, de los cuales aún le queda un remanente de casi $ 60.000 millones que se pagará entre finales de este año y principios del otro.
El crecimiento de los recursos de la caja del Potenciar Trabajo fue enorme, pasando de $ 227.100 millones iniciales a los $ 491.700 millones finales, más de un 116%, que se potenciará todavía más el año que viene, llegando a $ 590.000 millones, lo que se establece como un piso, sin contemplar las reasignaciones presupuestarias que se vayan haciendo.
Una serie de irregularidades pusieron al Potenciar Trabajo bajo la lupa de la Justicia, que avanzó con una serie de expedientes que derivaron en la decisión de Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, de dar de baja más de 2.000 planes. Entre otros puntos, se destacaba que beneficiarios del plan habían comprado dólares y presentado declaraciones juradas por Ganancias.
Los beneficiarios del programa cobran el equivalente a medio salario mínimo, por lo que a diciembre perciben poco menos de $ 31.000 mensuales por dar una contraprestación que casi nunca se cumple: cuatro horas de servicios laborales por día, de lunes a viernes.
El gran padrón de beneficiarios llevó también a que el reparto se haga especialmente con movimientos alineados al Gobierno como el Evita, Somos Barrios de Pie o las vertientes piqueteras alineadas a la UTEP, del “Gringo” Castro” y Juan Grabois, entre otros referentes.
De allí que durante todo el año se hayan repetido marchas constantes frente a Desarrollo Social, encabezadas por piqueteros de izquierda, como Juan Carlos Belliboni, del Polo Obrero, o Silvia Saravia, del rebautizado espacio Libres del Sur. El Polo Obrero, precisamente, fue otro de los grupos que mostró irregularidades a la hora de repartir los recursos sociales: según confesó el diputado Gabriel Solano, el partido se quedaba con un 2% de las transferencias a cada beneficiario. Se calcula que unos 60.000 afiliados al PO perciben el plan.
La Tarjeta Alimentar, el otro auxilio del Gobierno a los sectores más vulnerables
Así como el Potenciar Trabajo es controlado por el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, los fondos del programa Políticas Alimentarias están a cargo de La Cámpora, con la secretaria de Inclusión Social Laura Valeria Alonso como responsable de esa caja, que administra otros $ 418.000 millones, de los cuales el Estado ya insumió $ 399.000 millones. Muy por encima, también, de los originales $ 248.700 millones de los que disponía a principios de 2022.
Tras una serie de actualizaciones a lo largo del año, la Tarjeta Alimentar terminó como un refuerzo de entre $ 12.500 y $ 25.000 para quienes tienen entre uno y tres hijos o más.
A diferencia del Potenciar Trabajo, su control presupuestario fue más sólido, en gran parte porque los fondos alimentarios se pagan en simultáneo con la Asignación Universal por Hijo, a cargo de la ANSeS, entre otros programas sociales que se abonan como prestación previsional. Por eso, en la comparación, el crecimiento de recursos fue del 68,5% este año, por debajo de los índices de inflación, que estarán encima del 90%.
Lucha interna entre las organizaciones sociales por el control de los recursos
El organigrama del Ministerio de Desarrollo Social muestra como ninguna otra área del gabinete nacional las fuertes pujas por controlar las cajas que existen entre los diferentes actores del Frente de Todos. Además del Evita y La Cámpora, otras organizaciones sociales que confluyen cuentan con representación propia a través de dirigentes que manejan fondos.
En ese contexto, la grieta interna se hace cada vez más evidente, y es incluso mayor a la de tiempos de Juan Zabaleta y Daniel Arroyo, ministros de Desarrollo Social durante los primeros dos años y medio de mandato de Alberto Fernández.
Si bien el resto de los programas manejan fondos marginales en comparación, sobresale, entre otros, la Secretaría de Integración Socio Urbana, de Ramona Fernanda Miño, una funcionaria que reporta a Juan Grabois y que en 2023 tendrá a su cargo una caja de más de $ 11.000 millones anuales.
Abordaje Territorial, con $ 51.922 millones, y la Secretaría de Gestión Administrativa, con $ 19.665 millones serán otras cajas importantes del Estado. La primera la maneja María Eugenia Meana, otra dirigente camporista; la segunda, Javier Caruso, designado por Tolosa Paz.
Otro dirigente de organizaciones piqueteras con peso dentro del ministerio es Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, grupo alineado a Alberto Fernández, y que ocupa el cargo de subsecretario de Políticas de Integración y Formación.
Además de los recursos que manejan de manera formal, las organizaciones sociales recibieron transferencias discrecionales de parte del Estado por más de $ 10.000 millones en los últimos dos años, tal como lo informó Clarín en octubre pasado.