Los comercios más chicos o de cercanía dicen que no pueden cumplir con el programa oficial porque sus compras las hacen en los supermercados mayoristas.
Los funcionarios de la secretaría de Comercio siguen en plena negociación con las empresas sobre los alcances del programa de Precios Justos, ideado para contener la inflación en los productos de consumo masivo. Sin embargo, hay un aspecto esencial que pasó de largo en las discusiones: este listado de unos 1900 productos con precios congelados por cuatro meses no llega a los comercios de proximidad donde compran precisamente los consumidores qué más necesitan beneficiarse con los precios más accesibles.
Sucede que los productos definidos en el listado van a estar disponibles en las grandes cadenas de supermercados, que concentran el 38% del mercado y también en los locales mayoristas. Pero los compradores no accederán a los productos rebajados en los almacenes y autoservicios de cercanía, que quedaron afuera de las negociaciones. Según datos de la consultora Scentia, los almacenes, autoservicios y mayoristas que venden al consumidor final concentran el 62% del volumen total de consumo masivo.
Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) dice que el 80% de la mercaderia que venden los almacenes son compradas en los mayoristas, donde los precios (para los almaceneros) son mas caros que los oficiales. “Si el listado dice que el litro y medio de aceite de girasol cuesta $389 y nosotros lo pagamos $599, no nos podemos subir al programa porque no lo vamos a poder cumplir. Se hace imposible por un tema de costos”, señala el dirigente. “Tendríamos que haber consensuado márgenes con los mayoristas, pero quedamos afuera”, resume.
“Si bien los mayoristas firmaron para vender al consumidor final en sus salones, nosotros no entramos en el Programa de Precios Justos”, coincide Yolanda Durán, titular de la cadena que agrupa a los comercios chinos (CEDEAPSA). “Aún en medio de una inflación que no da tregua y con la escasez de ventas que atraviesa el sector, el Gobierno no negocia para nuestro sector, nos nos incluyó” , se quejó la dirigente.
También la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtió el viernes pasado que las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio de proximidad “no están siendo alcanzadas por los beneficios del acuerdo de precios”. En muchos casos los mayoristas venden los productos incluidos en el programa al mismo precio al que debería venderlo la Pyme o con escasa diferencia “lo que no permitiría un margen de utilidad mínima razonable para compensar sus costos”, explicó Apyme.
Como consecuencia de esa situación, los negocios de proximidad “quedan forzados a vender más caros estos productos, lo que implica: migración de sus clientes a las grandes cadenas en busca del precio regulado”. Por esa razón, la entidad pidió que se tuviera en cuenta que en los negocios de proximidad es donde “se venden ocho de cada diez productos de la canasta básica”.
“Si lo que se busca es frenar los aumentos de precios y avanzar en la democratización de la oferta e impulsar la demanda, es fundamental favorecer la inclusión de las Pymes y cooperativas, tanto en la implementación como en el diseño de las políticas públicas para frenar los aumentos de precios”, concluyó el comunicado de Apyme.
Mientras tanto, el Programa oficial va sorteando obstáculos y de a poco se va implementando en las góndolas. “Hay algo de atraso en la señalética pero se está haciendo de manera ordenada, aunque va a tardar en implementarse en todo el país, pero muchos supermercados ya disponen de los productos”, comentaron en ASU, la cámara que agrupa a las cadenas.
También Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL, la cámara que agrupa a las empresas alimenticias comentó que “la secretaria de Comercio está trabajando aceleradamente en el plan pero los tiempos de implementación no son fáciles, hay complejidades”, señaló. El directivo insistió en que estas negociaciones se realizan “empresa por empresa” con las tensiones lógicas que esto genera.
Una de las asperezas que la industria venia limando con los funcionarios es la posibilidad de acceder a los dólares para financiar las exportaciones. Esa promesa oficial a cambio de la resignación de los márgenes de ganancia en los productos del listado, no figuraban en los papeles y eso generaba desconfianza entre las empresas. Sin embargo, ese tema habría quedado resuelto con “una norma” que estaría por sacar la secretaria a cargo de Matias Tombolini.
Desde la secretaria de Comercio, en tanto, informaron que el listado de Precios Justos alcanzó hasta ahora a 1900 productos provistos por unas 107 empresas, de las cuales “unas 60 están acercando la documentación necesaria” a la secretaria para sumarse al acuerdo, que es “voluntario”. Según esta misma fuente, este fin de semana, la señalética estará dispuesta al menos en el AMBA.
En una de las empresas alimenticias que aportan algunos de sus productos a Precios Justos comentaron: “el programa esta funcionando desde este lunes con los nuevos precios. Hay algunas categorías que falta definir, algún que otro precio”.
“En el caso del aceite se esta revisando qué porcentaje esta adentro o fuera del programa, según si es mezcla o de girasol, pero mientras tanto funcionan todos dentro del programa hasta que eso se resuelva”, señaló la misma fuente. “Falta algo de señalética pero estaba previsto arrancar el primero de diciembre y arrancó antes, con lo cual solo falta la parte de ejecución en el punto de venta, que se visualice bien el producto. Va a funcionar muy bien”, auguró.
En tanto desde otra firma lider en alimentos también confirmaron que sus productos incluidos en el listado “ya estan en las góndolas”. Desde FASA, la federación que agrupa las cadenas del interior del interior del país, Victor Palpacelli, su presidente, comentó que la entidad “acompaña institucionalmente” a la movida de Precios Justos pero “la adhesión de cada cadena es voluntaria”, resaltó. “Queremos colaborar pero se necesitan concretar algunas cosas todavía”, señaló el directivo. Una de las objeciones de estos comerciantes al programa es la desconfianza que les merece la fiscalización de los precios de parte de los municipios o intendentes, según la posibilidad que tiene Comercio. “Pone en riesgo la federalización del Programa”, según Palpacelli.