El año cierra con una lluvia de malas noticias para la vice, cuyas consecuencias se proyectan sobre el 2023.
La campaña electoral de Cristina Kirchner cuenta con una incógnita aún: si será candidata o no. Pero a su vez, tiene una certeza: estará atravesada por un complejo frente judicial que no garantiza las mejores noticias desde Comodoro Py. La vicepresidenta lo sabe, y por eso sus discursos restan valor jurídico a cualquier decisión que se pueda tomar en los tribunales federales sobre las causas que la tienen bajo investigación, y sólo reitera que todo es parte de una persecución política.
“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, dijo esta última semana Cristina Kirchner respecto al expediente donde se investiga el intento de homicidio del que fue víctima el 1 de septiembre pasado. Este lunes cumplió su promesa de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien rechazó vincular el caso con la investigación sobre Revolución Federal al entender que, por el momento, no hay conexión alguna.
El planteo no difiere de otras críticas ya vertidas por la vice hacia el Poder Judicial. Entre las determinaciones que fueron en contra de sus intereses, la más reciente fue la decisión de la Corte Suprema de dejar sin efecto el Decreto de designación de Martín Doñate (Frente de Todos) para que integre el Consejo de la Magistratura, y sentar en su lugar al opositor Luis Juez. El organismo es de particular interés para la dirigencia política: allí se designa a los candidatos a jueces nacionales y federales, y a se sanciona a los que hayan tenido mal desempeño.
La letra del fallo dice que la división del bloque del Frente de Todos “no obedece a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”. Según la Corte, el bloque que responde a Cristina Kirchner “en una acción con apariencia de legalidad,” los oficialistas “procuraron la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso“.
En el tramo de la resolución, la Corte dijo: “La obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática que establece la Constitución Nacional pesa también sobre los partidos políticos“.
En otro escenario adverso para la vice, la Cámara de Casación -instancia previa a la Corte- inició las audiencias para resolver si ella afrontará el juicio en el caso que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, por la firma del Pacto con Irán. Las querellas integrada por un grupo de familiares de víctimas del atentado a la AMIA y por la DAIA pidieron que Cristina se defienda en el debate oral.
En este expediente, tanto la vice como los demás imputados fueron sobreseídos sin la realización del juicio por el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), pese a que durante 2020 había firmado la decisión de impulsar el debate. Uno de los argumentos centrales para ese singular cambio de parecer es que el Pacto con Irán nunca buscó encubrir el atentado -delito atribuido a Cristina- y que se trata de una decisión del ámbito político, es decir un acto no justiciable.
Los argumentos fueron refutados por las querellas que solicitaron ante la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que revoquen el sobreseimiento.
En iguales términos y ante los mismos jueces , el jueves el fiscal Mario Villar pidió que la vicepresidenta junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, comparezcan ante un Tribunal en el caso unificado Hotesur y Los Sauces. Se trata de las dos empresas familiares investigadas por lavado de activos, por un total de 130 millones de pesos.
En este caso, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg resolvieron sobreseer a Cristina Kirchner y a sus hijos sin la realización del juicio. El fiscal Villar insistió en que la resolución incurrió en acciones “ajenas al orden jurídico” y que es la instancia de debate “la pertinente para determinar la culpabilidad o inocencia” de los investigados.
Cuando el semana estaba por concluir, otra mala noticia llegó desde Comodoro Py para la vice. El TOF 7, que tiene a su cargo la realización del juicio en el caso de los Cuadernos de las Coimas, decidió que un tramo del expediente referido a la presunta cartelización de la obra pública, se avance hacia el inicio del juicio oral.
El trámite permite que los acusados sugieran medidas de prueba complementarias a las que ya se realizó durante la etapa de instrucción, donde se procesó por asociación ilícita y sobornos a la vice, y que se propongan testigos para cuando comience el debate. Antes de fin de año, el tribunal avanzará hacia la instancia siguiente: una audiencia preliminar y, después, la fijación de una fecha de inicio del juicio.
Por supuesto, este lunes el fiscal Diego Luciani cerró su actuación en el juicio oral de la causa Vialidad, en el que pidió una condena de doce años para Cristina Kirchner. Ahora, el Tribunal fijará fecha para las palabras finales de los acusados y finalmente, en diciembre, esperan dar lectura al veredicto.
Para las próximas semanas se espera, además, que la Sala IV de la Cámara de Casación se pronuncie sobre la condena a doce años de Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K. Este caso de lavado de dinero tiene como delito precedente las presuntas irregularidades de la obra pública vial, por eso podría tener un impacto directo en el juicio Vialidad si se confirma el fallo. Como diría Cristina: todo tiene que ver con todo.