La comunicación “A 7532” del Banco Central es la última trinchera de resistencia en el intento de evitar una devaluación del tipo de cambio oficial en los próximos meses. En un segundo semestre que se proyectaba turbulento, con reservas declinantes, inflación persistente e inestabilidad financiera, la medida no sorprende.
Que los pagos de importaciones hayan crecido 35% hasta mayo respecto de un año atrás es o no un “festival” (CFK dixit), resulta opinable. Pero una combinación desafortunada de factores hace inviable esta velocidad de crecimiento para la sostenibilidad de las cuentas externas y el cumplimiento del objetivo de reservas acordado con el FMI.
Por un lado, desde hace más de un año que la brecha cambiaria incentiva a las empresas a dolarizarse indirectamente por medio de adelantar compras externas de insumos, bienes de capital, materias primas, con divisas al valor oficial. Como no pueden hacerlo si adquirieron dólares financieros (CCL o MEP), la vía de escape es la importación. En los últimos meses, además, una inflación que se aceleró y escasas alternativas de cobertura en pesos aumentaron las expectativas devaluatorias, realimentando los incentivos a importar.
A esta dinámica generada por la brecha se sumaron los nuevos precios de las importaciones de energía desde la guerra en Ucrania y, por supuesto, los errores no forzados del propio Gobierno, como haber dilatado la construcción del gasoducto de Vaca Muerta, y el incremento de los costos logísticos a partir de la salida de la pandemia.
Con la medida, se iguala el tratamiento de los bienes con LNA (licencias no automáticas) y los pagos de servicios al de las LA (licencias automáticas) de importación. El Gobierno argumenta que la actividad productiva no será resentida porque no se altera el flujo de insumos, partes, piezas y bienes de capital necesarios para la producción local, incluidos dentro de las LA, que equivalen al 85% del total de importaciones.
Por el contrario, sí cambian las exigencias para los bienes con LNA (15% restante) y en particular para los servicios, cuya cuenta no para de crecer. Neta de fletes, aumentó 90% en los primeros 5 meses, con pagos de viajes y tarjetas de crédito que se triplicaron (US$2.200 millones). Ahora este universo necesitará financiamiento de al menos 180 días para poder luego acceder a los dólares oficiales.
El esquema está pensado desde el Gobierno bajo cinco premisas.
1) No se devalúa. 2) No se contrae la actividad económica. 3) Es temporal (tres meses). 4) Quedan exceptuados la energía y los medicamentos. 5) Los que importen tendrán que obtener financiamiento adicional si superan los topes disponibles. La factibilidad de varias de ellas es cuestionable.
Lo que es claro es que la astringencia importadora agrega dificultades a las decisiones privadas. ¿Habrá financiamiento, comercial, bancario, para los que lo deseen? ¿A qué tasa, con un riesgo país instalado en 2.500 puntos básicos? ¿Con qué dólar proyectar el costo de reposición? ¿Con el contado con liqui? ¿Con uno intermedio entre los financieros y el oficial, una especie de dólar “celeste”?
Entre los exportadores, ¿cómo asegurar un flujo adecuado de insumos ante el nuevo escenario? Los que vienen desarmando carteras de títulos en pesos desde hace 15 días para colocarse en “money market”, ¿qué actitud tomarán ante los nuevos niveles que alcanzaron los dólares financieros?
Con decisiones de precios que se basan en la evolución del dólar, están dadas las condiciones para nuevas presiones sobre los costos de las empresas que agregarán algunos puntos adicionales a la inflación. Es factible que haya faltantes de productos, una mayor fricción en las negociaciones comerciales en el exterior. Y para los que no logren financiamiento, pesos disponibles que presionarán sobre la cotización de los dólares financieros.
Comienza un semestre decisivo para la política económica, en que el manejo de las expectativas y los escasos instrumentos de que dispone el Gobierno definirán el formato del último año y medio de gestión. Con una certeza: no habrá dólares para todos y todas.