La fiscal de Primer Instancia Catalina Legarre pidió este miércoles la nulidad de la medida del juez porteño Roberto Gallardo que trabó el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial que usa en sus cámaras de seguridad el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para detectar las personas que tienen pedidos de captura emitidos por la Justicia.
En un escrito al que accedió Clarín, Legarre solicitó que “se confiera vista de las presentes actuaciones (a su fiscalía), disponiéndose la suspensión de la tramitación del proceso” a través del cual Gallardo determinó que el Gobierno porteño deje de utilizar ese sistema.
Este martes, Gallardo ordenó “al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videovigilancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”, según señaló el fallo.
Desde el Gobierno porteño aclararon que el sistema se encontraba suspendido desde el inicio de la pandemia del coronavirus, ya que no funciona con el uso masivo de barbijos.
En ese sentido, el fallo ya precisaba que la “presente decisión no implica un menoscabo en el servicio de seguridad pública, dado que el sistema de reconocimiento facial de prófugos se encontraría inactivo por decisión del Poder Ejecutivo local y que lo aquí decidido no altera los sistemas vigentes de videovigilancia”.
Gallardo dio lugar a un amparo del Observatorio de Derecho Informático Argentino y en su resolución argumentó que el sistema fue utilizado para recabar información antropométrica de políticos y personajes públicos, entre ellos el Presidente de la Nación Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, a pesar de que ninguno de los dos se encontraba en listas de personas buscadas por la Justicia.
Según Lagarre, que forma parte de la Unidad Especializada en Litigios Complejos, ese organismo concluyó que en el estado actual de la investigación “no surgiría que el sistema de reconocimiento facial cuya validez constitucional se discute en autos posea apariencia de implicar de por sí un menoscabo irrazonable en los derechos invocados como afectados por las partes accionantes”.