Las asociaciones de defensa del Consumidor se alistan para cuestionar al ministro de Economía, Martín Guzmán. El funcionario avanza en una nueva suba de tarifas de luz y gas, prevista junio, y ordenó a la secretaría de Energía que arranque el procedimiento administrativo en esa dirección, que debería perfeccionarse en una audiencia pública.
Cepis, Deuco, Adduc y otras asociaciones solicitaron que esa audiencia sea presencial y no virtual, como sucedió con las últimas, por la pandemia. Y además que Martin Guzmán en persona explique las “obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el memorando de Políticas Económicas y Financieras acordado con el Fondo Monetario Internacional”.
El reclamo de estas asociaciones está en sintonía con los funcionarios más cristinistas del área energética. El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ya realizó una audiencia que terminó en una suba del 20% en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Está en desacuerdo con otro incremento.
A fines de enero, la secretaría de Energía realizó una audiencia pública con el objetivo de disminuir subsidios en el costo del gas. La subsecretaría de Hidrocarburos -que depende de Energía- presentó un informe, con el objeto de reducirlos. Federico Bernal -interventor del Enargas- era contrario a esa contracción de las subvenciones.
Las asociaciones de defensa del Consumidor cuestionaron la postura de la secretaría de Energía. Esas críticas le gustaron a Bernal, que también se referencia en la vicepresidenta. Y el Poder Ejecutivo no redujo finalmente los subsidios.
“Resulta necesario que quien presida y brinde el informe a la ciudadanía sea el ministro de Economía, toda vez que resulta ser la máxima autoridad responsable del área y en cabeza de quien se llevó adelante las negociaciones con el organismo financiero internacional”, plantean ahora las asociaciones de Defensa del Consumidor en una nota dirigida al ministerio de Economía.
Las tarifas de luz y gas subieron un 20% en marzo. El ministerio de Economía quiere una reducción de las partidas energéticas. Por eso, impulsa una disminución de las subvenciones del Poder Ejecutivo al costo de generación. Por esta razón, Guzmán considera que el incremento en estos servicios debe ser, al menos, de otro 20%-22% para la mayoría de los clientes, totalizando un un 42%-44%. Guzmán instruyó a la secretaría de Energía a que recabe información para llevar adelante una audiencia pública, tal como adelantó Clarín.
Según lo planteado por el ministro, los sectores de menores ingresos pagarían una suba de tarifas equivalente a un 40% de la variación en el coeficiente de variación salarial (CVS). Se trata de cerca de un 20% final. En cambio, el grueso de los clientes afrontaría una suba en sus boletas similar al 80% del CVS (daría entre 42%-44% final). El 10% de los clientes de mayores ingresos perdería subsidios del Estado en el costo del gas y la luz, que es la parte más subvencionada en sus boletas. Para ese segmento, la suba podría superar el 200%.
Los subsidios energéticos fueron de US$ 11.000 millones en 2021. La invasión rusa a Ucrania disparó los precios de productos que la Argentina importa, como el GNL (gas líquido que llega en barcos) y combustibles que se usan en la generación eléctrica cuando no hay gas natural. Por esa razón, hay especialistas que estiman las subvenciones de este año en US$ 20.000 millones.
Guzmán se comprometió los subsidios energéticos en US$ 3.000 millones, que es aproximadamente un 0,6% del PBI. Pero esas cifras se trabajaron “en otro momento”, cuando la cotización de los productos energéticos (como el gas) era diferente a la actual. “Estamos en una situación global muy diferente de aquella en que se estaban realizando estos planes. Esa incertidumbre hay que tenerla en cuenta”, explicó el ministro cuando fue a las comisiones legislativas a defender el entendimiento con el FMI.
Las asociaciones de consumidores que quieren alzar la voz siempre se oponen a los aumentos de tarifas. Lo hicieron durante la administración de Mauricio Macri y también en algunos intentos de la administración actual, que no prosperaron ni en 2021 ni en 2022.
“Seguimos sin saber cuánto les cuesta conseguir el gas. La secretaría de Energía no nos contesta esa pregunta. No sabemos si las tarifas son justas y razonables”. manifestó Paula Soldi, de Cepis, que suele estar alineada al kirchnerismo en materia tarifaria, en una audiencia que tuvo lugar a fines de enero.