Con la escalada de precios y las últimas cifras de inflación el foco de la discusión se centró en la evolución de los salarios y la emergencia de un actor social hasta hace poco casi inexistente en nuestro país: trabajadores pobres que cuentan con un salario regular y en algunos casos registrado.
En primer lugar, los salarios cayeron en 2021 respecto de 2020 sumado a la caída acumulada desde el año 2016. Comparar “punta a punta” constituye una trampa: si bien entre diciembre de 2021 y 2020 las remuneraciones promedio de los trabajadores registrados (RIPTE) se incrementaron 53,4% al análizar “mes a mes” eso cambia. En promedio los salarios reales de 2021 son en promedio 3% inferiores a los de 2020 y representan apenas un 80% de los salarios de diciembre de 2015. Si en cambio analizamos la evolución del ingreso de las y los trabajadores no registrados -que representan entre 40% y 50% del total- la situación es más acuciante: en 2021 los ingresos de este colectivo experimentar una retracción de 6,8% respecto de 2020 y solamente un 74% de los ingresos de finales de 2015. Aun cuando 2021 fue un año de recuperación económica sustancial con un crecimiento del producto del 10% y cifras de desempleo en mínimos históricos, los y las trabajadoras están peor. Así las cosas, al considerar la relación entre la mediana de ingresos de las y los asalariados registrados privados (es decir el máximo ingreso que cobraba el 50% de las y los trabajadores) y la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó entre finales de 2017 y finales de 2019 casi 20 puntos, pasando de representar la CBT el 74,8% de la mediana salarial al 94,4%. Ese proceso, con algunos altibajos, se profundizó levemente con la pandemia (pasa a representar 97,7%) y luego se redujo a niveles cercanos al 88% en buena medida como resultado del efecto “tarifas”. Hacia febrero de 2021, se percibe nuevamente un incremento en la proporción llegando a casi 90% y se mantiene en torno a dicho valor hasta diciembre pasado. Un hogar que cuenta con un único ingreso registrado en el 50% de la mitad de los salarios más bajos es pobre o se encuentra levemente por encima de la línea de pobreza.
Los más afectados por la pauperización de los ingresos son hogares con menores y encabezados por mujeres. No sólo porque dependen de un único ingreso y cargan con las responsabilidades de cuidado, sino que históricamente las mujeres somos las más afectadas por la informalidad laboral: ya en el año 2015 el 45% de los de los hogares monoparentales con una mujer a cargo percibían la AUH según la encuesta PISAC. Pero ahora tampoco consiguiendo un empleo registrado tenemos mejores perspectivas: somos la mayoría entre las y los nuevos trabajadores pobres con salario registrado. Las brechas que enfrentamos hacen que tengamos menores ingresos y gran parte de nosotras esté por debajo de la media. Los techos de cristal implican dificultades para escalar en las estructuras laborales, mientras que gran parte se desempeña en las denominadas profesiones del cuidado: educación, salud y servicio doméstico. Todas comparten la característica de menores salarios con el mismo nivel de educación y experiencia.
En definitiva, la contracara de la pobreza infantil no es solo la crisis económica: la desigualdad de género nos deja solas con nuestras hijos e hijas frente a las responsabilidades de cuidados y la violencia machista y de la justicia genera que gran parte no perciban cuota alimentaria al disolverse la pareja. El mercado de trabajo castiga a las mujeres y mucho más si tienen hijos e hijas menores: en definitiva, la vulnerabilidad estructural nos deja mucho más expuestas frente a los vaivenes de la economía.
*Economista feminista, Datarius.
También te puede interesar