Los avances de la Argentina respecto al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar aún son una referencia en la región. Sin embargo, en los últimos años los procesos se ralentizaron y hoy la consigna “juicio y castigo” se enfrenta a un dato innegable: los genocidas se están muriendo sin condena o al poco tiempo de haberla recibido.
Ante ese escenario, el flamante titular de la Cámara Federal de Casación -la instancia judicial anterior a la Corte Suprema-, Alejandro Slokar, afirmó en declaraciones a PERFIL que “no se puede naturalizar la impunidad biológica” de quienes secuestraron, torturaron y mataron a tantas personas.
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Es que sólo en el último año murió sin condena Carlos Francisco Villanova, un represor que actuó en el Centro Clandestino de Detención “El Campito” y era juzgado en la Megacausa Campo de Mayo; Antonio Musa Azar Curi, ex jefe de Inteligencia durante la dictadura en Santiago del Estero, que había sido condenado pero según el director del Instituto Espacio para la Memoria, Luis Garay, “aún tenía 60 causas pendientes”; y Néstor Greppi, ex secretario de la Gobernación de facto de La Pampa, que era juzgado en el juicio Subzona 1.4 III pero murió en diciembre pasado sin condena.
Esos son sólo tres de los cientos casos registrados en la mayoría de las provincias.
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“En la actualidad hay en desarrollo 20 juicios y seis más para 2022, pero el gran problema es el paso del tiempo: van más de 40 años en los que si bien tuvimos 270 debates, más de mil condenados y 150 absueltos pero a la fecha la cuenta da 800 imputados muertos“, sintetizó el titular de la Cámara que interviene en revisión de los procesos elevados a juicio.
Una acordada para dar celeridad a los juicios
Apenas llegó a la presidencia de Casación, Slokar tomó un rol activo en materia de derechos humanos y del juzgamiento a los genocidas.
Una de las primeras cosas que hizo fue actualizar una acordada originada una década atrás con el objetivo de reafirmar mecanismos para agilizar e imprimir celeridad a los procesos. Así, desde la instancia buscan disminuir el riesgo de “impunidad biológica”, al menos en los procesos que están en instancia de juicio.
Bajo el número 2/22, la acordada consta de siete reglas como oralidad y celeridad, uso de nuevas tecnologías, publicidad, conservación de la prueba, asistencia a víctimas, control de la ejecución de condena y fortalecimiento a la Justicia.
“Además de las cuestiones de celeridad, la acordada busca atender las situaciones de las víctimas, en especial a las de abuso sexual, a propósito de la calificación como abuso y ya no como mero tormento a víctimas mujeres“, explicó el funcionario judicial.
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Si bien destacó que la acordada fue bien recibida por los camaristas y hasta por el propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fue hasta Comodoro Py para anoticiarse del tema, Slokar alertó que “también hay un problema central en que más de la mitad de los procesos están recién en etapa de instrucción“, o sea, por fuera del alcance de la medida.
“Este mandato de Memoria, Verdad y Justicia hay que invertirlo, tenemos que marcar la necesidad de hacer Justicia de Verdad y con Memoria“, afirmó.
Por su parte, la fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), María Ángeles Ramos, explicó en Radio AM 530 que si un dictador murió, el caso se tiene que judicializar igual. “Tiene que pasar eso pro derecho a la verdad. Lo que estamos tratando es de descubrir de manera concreta qué pasó con cada una de las víctimas que sufrió el terrorismo de Estado“, dijo.
Lesa Humanidad: los procesos en marcha
En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) actualizó las estadísticas sobre personas investigadas o en proceso por delitos de lesa humanidad.
De acuerdo a esa información, hay 1058 condenados, 165 personas absueltas y 542 procesados. A su vez, detalló que 142 personas recibieron el beneficio de la falta de mérito y 964 murieron en pleno proceso. Otro número importante: hay 22 represores identificados que están prófugos de la Justicia a 46 años del golpe de Estado.
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Además, la mayoría de los condenados (579) están con prisión domiciliaria y hay 118 que permanecen alojados en las dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Esos datos también indican que de un total de 633 causas judiciales abiertas, hay 275 que están en instancia de instrucción, 273 con sentencia y 65 fueron elevadas a juicio. En la actualidad hay 20 que están en proceso de juicio.
Vale mencionar que la información estadística resulta del análisis y procesamiento de los datos que periódicamente informan las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia.
AS / ED
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