Un paro total de actividades con cortes de rutas en Chubut impulsado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación lleva días afectando el procesamiento de más de 260 toneladas de langostinos en la región.
Así lo informó este viernes Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) a través de un comunicado en el cual rechazó las medidas gremiales tomadas adjudicándoles las consecuencias en las fallas causadas en el proceso de producción.
“La medida interrumpe el normal ingreso de mercadería perecedera a las plantas, siendo un conflicto que ellos mismos declaran ajenos a nuestras asociadas. Esto provocó que más de 260 toneladas de langostinos no se procesaran en tiempo ideal y en consecuencia se obtuviera un producto de inferior calidad, con baja o nula rentabilidad, perjudicando a la empresas que integran nuestra Cámara”, señalaron.
Y recriminaron: “El propio gremio expresa que la medida va en contra del Acta Acuerdo que firmaron la Secretaría de Pesca Provincial, la Administración del Puerto de Comodoro, el SUPA y la CAFACH, para abastecer de merluza a las plantas de Comodoro y eventualmente a plantas del valle para destrabar el conflicto con los estibadores”.
Según señalaron fuentes oficiales a Clarín las 260 toneladas del alimento afectadas equivalen a 650.000 dólares del precio de la materia prima que quedó comprometida por la demora en las rutas.
“El propio gremio expresa que la medida del acuerdo aseguraba que por un tiempo determinado parte de la flota descargaría merluza en Comodoro, destrabando el conflicto con los estibadores y aseguraba -a las plantas locales- la posibilidad de trabajar con merluza fuera de la temporada de langostino”, afirmaron.
Está en peligro la producción de 260 toneladas de langostinos.
Además desde la Cámara, denunciaron la toma de plantas y actos violentos que incluyen “el deterioro de la materia prima” en el marco de sus reclamos.
“Hace años que cada medida de fuerza viene acompañada de gomas que queman los portones de acceso a las plantas, cortes de ruta, amenazas al personal administrativo, toma de plantas, escraches, actos violentos, e inclusive el deterioro de la materia prima, como sucedió en este caso”, siguieron en el documento.
Y añadieron: “Todo esto se ve amplificado cuando el cese de actividades no guarda ninguna relación con las empresas que lo sufren, y por ende las que se ven perjudicadas. Estas acciones atentan contra planes de inversión y naturalmente con aumento de puestos de trabajo”.
Finalmente, concluyeron: “Esta Cámara Empresaria solicita a las autoridades provinciales y gremiales arbitrar los medios necesarios para defender la actividad, actuar con responsabilidad, cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente, el que garantiza el derecho a huelga pero también garantizar el derecho a trabajar y no generar situaciones de evidente inequidad e injusto perjuicio a la actividad”.