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Aysa demandará fondos por US$ 1.300 millones para dar el servicio de agua corriente

La empresa estatal Aysa, proveedora del servicio de aguas y cloacas, también es una de las que alimenta el déficit público. Sin aumento de tarifas desde 2019, la empresa requirió asistencia estatal por US$ 890 millones durante el año pasado, lo que representa un 0,12% del PBI.

La compañía anunció un 32% de incremento para este año, pero todavía no queda claro desde cuándo estará vigente.

En caso que fuera a aplicar un aumento del 20% -como sucederá hasta ahora oficialmente en luz y gas-  su necesidad de fondos públicos ascendería a US$ 1.350 millones, lo que representa un 0,19% del PBI en 2022, según un estudio de la consultora Equilibra.

El servicio de aguas y cloacas es provisto por una empresa estatal, por lo que “el gasto que el sector público nacional realiza para complementar lo que la tarifa que paga el usuario cubra los costos no se contabiliza como subsidio. Pero es un costo que también paga el Estado y contribuye a abultar el déficit público”, detalla el trabajo de la consultora encabezada por Martín Rapetti, con Lorenzo Sigaut Gravina, como director de Análisis Macroeconómico.

Los gastos de Aysa se dividen en dos grandes grupos: costos operativos, y de mejora y mantenimiento. Se supone que la tarifa talla en los operativos, mientras que la mejora forma parte de la inversión estatal para una mejora social.

En caso de aplicar un aumento del 20% -como definieron los reguladores de luz y gas en sus servicios-, la tarifa alcanzaría para cubrir un 38% de los gastos operativos, pero solo un tercio (32%) de los gastos totales, es decir incluyendo el mejoramiento del sistema.

El Estado gastaría casi US$ 125 millones más que el año pasado en cubrir costos operativos y US$ 460 millones si contemplamos gastos operativos más mejoras. En este caso, el rojo que cubre el Estado nacional pasaría de 0,12% del PBI a 0,19% del PBI en 2022”, define Equilibra.

El ministro de Economía Martín Guzmán prometió una reducción del déficit fiscal del 0,6% de cara a un entendimiento con el FMI. Los subsidios llegaron a US$ 19.000 millones, un 3% del PBI en 2021, y su trayectoria va en ascenso.

Los subsidios económicos pasan por tres ministerios: Economía, Transporte y Obras Públicas.

Los de Energía dependen del ministerio de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, allí el secretario de Energía -Darío Martínez- trata de congraciarse con su jefe formal y con los representantes del kirchnerismo (Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y Federico Bernal, interventor del Enargas). Con dos declaraciones sobre al aumento del gas en 20% (como quiere el kirchnerismo) y lejos del 40% (que Guzmán sugería a interlocutores), Martínez se alineó en las posiciones del kirchnerismo.

Las subvenciones de Transporte depende del ministro Alexis Guerrera, que está alineado con Sergio Massa, el titular del Congreso. En el caso de Aysa, son responsabilidad del ministerio de Obras Públicas (que encabeza Gabriel Katopodis), según informaron en la empresa estatal de aguas. Malena Galmarini, esposa de Massa, es la presidenta de Aysa.

En la empresa dicen que cumplen con “una función social que incluye a los intendentes” y que por eso no se las debe mirar con el mismo prisma que otras concesiones de servicios públicos.

El estudio de Equilibra calcula que si el Estado subiera un 55% las tarifas, lo que pagan los clientes cubriría la mitad de los costos operativos. Aún asi, son US$ 373 millones que saldrían del Tesoro para subsidiarla.

Con el 32% que proyecta Aysa como incremento, la necesidad de subsidios rondaría los US$ 428 millones, nuevamente superando lo que gastó la compañía en 2021 por ese incremento.

“Si la tarifa sube en promedio 55%, en línea con los gastos operativos -y por lo tanto, se mantiene el porcentaje de cobertura en torno al 50%- pasaría a cubrir el 28% de los gastos totales (operativos y de mejora)”, sostiene Equilibra.

En este caso, el Estado destinaría 0,07% del PBI para cubrir los gastos operativos, pero llegaría a 0,18% si se suman además los costos de mantenimiento y mejora. Esto representa un adicional del 0,06% del PBI respecto de 2021.

Para que la tarifa de agua cubra el total de los costos, la suba debiera ser del 200%. De todas formas, aún quedarían US$ 563 millones para financiar para los gastos en mejoras y mantenimiento.

“Para mantener la calidad del servicio y a a su vez disminuir mínimamente el gasto que implica para el Estado nacional, las tarifas debieran triplicarse. Es dificil pensar que este escenario puede darse. Pero al menos debería evaluarse una corrección algo por encima del incrementos de los costos operativos para que el rojo que cubre el Estado no supere el 0,15% del PBI”, plantea Equilibra.

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