Uno de los párrafos del borrador que está circulando y que resume los puntos principales del entendimiento o acuerdo con el Fondo Monetario refiere a un recorte en los gastos que no son los estrictamente dedicados a subsidiar las tarifas de los servicios públicos.. No ha generado una discusión tan fuerte como la que se está dando alrededor de los subsidios energéticos, que en realidad es una discusión que el ministerio de Economía está dando a dos bandas: con el FMI, que le pide más recortes, y con el Instituto Patria, que le pide menos.
Pero hay otra “promesa de ajuste” que por ahora no ha levantado mucha polvareda y es más silenciosa, pero que podría tener un impacto importante, tal vez más en lo político que en lo económico.
Se trata de lo que se puede inferir de este párrafo que aparece en el borrador del acuerdo: “Para liberar recursos para nuestras prioridades clave, buscaremos racionalizar otros gastos mientras protegemos los ingresos reales de los jubilados y los trabajadores del sector público. Se están realizando acciones para (i) limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales; y (ii) administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”.
Lo de la masa salarial del sector público va a traer cola. Según los últimos datos del INDEC, los salarios del sector público fueron los que más aumentaron el año pasado.
Por ejemplo, en 2021, el Índice de salarios registrados subió 56,5%, como consecuencia de un incremento del 55,3% en el sector privado registrado y un aumento del 58,6% en el sector público”, según informó el INDEC., Ahora se buscaría -se infiere de ese párrafo- vincular la paritaria al crecimiento real de la economía. Habrá que ver cómo se las arregla el Gobierno para ello. El gasto en empleo público creció por encima de la inflación. Y además, hace rato que el empleo público crece mucho más que el empleo privado registrado. De hecho, en la última década, por cada empleo registrado que se perdió se crearon tres empleos en el sector público.
El mismo párrafo del borrador de acuerdo concluye con el compromiso de revisar los regímenes jubilatorios, de los que el gobierno se apuró a aclarar los alcances de tal revisión.
Las transferencias discrecionales a las provincias, por fuera de lo que marca la coparticipación federal, ha sido, desde siempre, una herramienta del Poder Ejecutivo Nacional que suele utilizarse como un reparto de “premios y castigos”.
En los dos años de mandato de Alberto Fernández fueron un canal fundamental, por ejemplo, para inyectar fondos en la Provincia de Buenos Aires. Un plan platita, ni más ni menos. Se calcula que solo el año pasado Kicillof recibió cerca de 200.000 millones de pesos, según un trabajo de la consultora Politikon Chaco.
Otro informe,. de la consultora Aerarium, señaló, por ejemplo, que entre julio de 2020 y julio de 2021, a Buenos Aires le dieron $75.900 millones de las llamadas transferencias discrecionales de la Nación. Además, recibió $ 119.500 millones del presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Social; destinados casi íntegramente a los planes Alimentario y Potenciar Trabajo. Por el lado del ministerio de Obras Públicas, recibió $ 53.800 millones.
Otro informe de la misma consultora, difundido días atrás, afirma que la asistencia directa del Gobierno Nacional a los municipios fue de $4096 millones (un aumento del 524% interanual).
Las empresas bajo control estatal son otro tema sensible. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, perdió US$ 700 millones en 2020 y el rojo se redujo apenas a US$ 600 millones en 2021 AYSA, Correo Argentino, los trenes, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la televisión estatal, son todas fuentes receptoras de aportes del Tesoro para cubrir sus cuantiosos déficits operativos.
Las empresas públicas son otro agujero negro por donde se van cientos de miles de millones de pesos. Clarín informó días atrás que el presupuesto para las empresas públicas en 2021 era de $ 460.923 millones. Pero, tras ampliaciones y gastos que se suelen asignar a fin de año, las erogaciones se ubicarán más cerca de $ 700.000 millones..
El economista Martín Polo calculó que el déficit de las empresas públicas consumió en 2021 cerca de un 0,7% del PBI. En 2020, su cálculo es que las compañías del Estado consumieron el equivalente al 0,52% del PBI.
Tal parece que esos números entrarán en discusión en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es imaginable que se abrirá una gran grieta dentro del propio Gobierno, cuando quiera encarar este ajuste, hoy silencioso, más adelante, seguro, muy ruidoso.