Prevén tratar el proyecto de Consenso Fiscal 2022 en sesiones extraordinarias

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El Congreso tratará la iniciativa en extraordinarias. Foto: Gustavo Amarelle.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) aseguró este martes que el Consenso Fiscal firmado el lunes por la gran mayoría de los gobernadores apunta al “federalismo y el crecimiento equilibrado de la Argentina”, y adelantó que la iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso.

“El presidente (Alberto Fernández) y los gobernadores, entre ellas Entre Ríos, firmaron ayer el Consenso Fiscal. Seguramente se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para enero y febrero de 2022”, señaló Casaretto en su cuenta en la red social Twitter.

En la misma sintonía, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó que el Consenso Fiscal “le dará sustentabilidad al sistema tributario argentino” y beneficiará a “trabajadores y empleadores”.

El acuerdo “respeta las autonomías provinciales y otorga previsibilidad a las personas y a las empresas”, apuntó Bordet a través de sus redes sociales.

Además, el mandatario dijo que las alícuotas de impuestos como Sellos e Ingresos Brutos “no se verán modificadas” en la provincia que conduce.

En tanto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, adelantó que estudiará la aplicación de un impuesto a la herencia progresivo, en el que lo recaudado sirva para “promocionar alguna actividad específica”.

“Tal vez apliquemos un impuesto a la herencia progresivo, pero lo vamos a discutir con la sociedad”, anunció Jalil esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

“No lo vamos a implementar este año, pero lo vamos a estudiar. El impuesto puede ir a un fondo específico para promocionar alguna actividad específica”, agregó.

Los alcances del acuerdo

El consenso fiscal es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.

El lunes el Presidente firmó el acuerdo con 23 gobernadores.

Lo que se busca es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.

El nuevo consenso fiscal –avalado ayer por 23 provincias– prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.

También contiene un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera sólo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de “responsabilidad fiscal” fija que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB”, entre otras cuestiones.

La firma se concretó durante un acto realizado este lunes en Casa de Gobierno, encabezado por el presidente Alberto Fernández , acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.

Por el lado de las provincias estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

A estos se sumaron el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no habían adherido al Consenso Fiscal que se suscribió durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, por lo que no necesitaron actualizar los parámetros del acuerdo.

La única jurisdicción que no adhirió y no se hizo presente en Casa de Gobierno fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otras repercusiones

En la mañana del martes Sergio Ziliotto expresó su apoyo “al proceso de ordenamiento que conduce el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vocación de diálogo”, y señaló que “la mejor política fiscal, es administrar responsablemente los recursos públicos”.

“El Gobierno de La Pampa entiende innecesaria la firma por parte del Estado Provincial del Consenso Fiscal 2022, ante el profundo convencimiento de que la mejor política fiscal, es la responsabilidad al administrar día a día los recursos públicos”, expresó el mandatario pampeano a través de la Agencia Provincial de Noticias.

Sergio Ziliotto se manifestó a favor del consenso fiscal. Foto: Julián Varela.

En su opinión, “el Consenso Fiscal de 2017, impulsado por el Gobierno de Mauricio Macri establecía, como elemento distintivo, la entrega de soberanía tributaria por parte de La Pampa, factor determinante para su no adhesión”.

Desde el sector privado, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestaron su oposición a la iniciativa bajo el argumento de que permitiría la creación de nuevos impuestos, así como el incremento de los ya existentes.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, dijo que “Argentina actualmente tiene una enorme presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que termina desalentando la inversión y la generación de empleo, por lo que considero que la creación de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes es algo negativo”.

La UIA, por su parte, sostuvo que el Consenso Fiscal 2022 genera una “enorme preocupación” debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo al eliminar la reducción progresiva de ingresos brutos establecida originalmente en el año 2017, entre otras cuestiones.