Durante los casi dos años de negociaciones con el FMI, el Gobierno se propuso lograr un acuerdo de más de 10 años y reducir las sobretasas que cobra el organismo a los países sobrendeudados, como la Argentina. El primer reclamo fue el primero en quedar en el camino. Y ahora las expectativas de obtener un guiño para reducir el costo financiero tampoco son las mismas.
Ese punto será tratado este lunes por el Fondo Monetaria Internacional (FMI), cuando el directorio haga su revisión de intermedia de los balances precautorios. Se trata de un mecanismo para proteger sus reservas contra potenciales pérdidas por riesgos financieros, en el que se contemplan las sobretasas como una de las fuentes de ingresos ante eventualidades.
Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya no muestra el mismo entusiasmo en una pronta definición respecto a los puntos de tasa extra que pagan los países que recibieron fondos por encima de su cuota. En rigor, en su cartera señalan que “el debate será sobre balances precautorios, por lo que no habrá una votación sobre aquel reclamo argentino“.
En ese sentido, confiaron en que el tema se pondrá finalmente sobre la mesa, pero reconocieron que la definición quedará para más adelante. “Se hará alguna referencia a un tratamiento posterior“, agregaron las fuentes oficiales, en línea con la postura del board, en donde ya anticiparon que el asunto estará limitado a una agenda más “amplia”.
En la última cumbre del G20, el ministro de Economía impulsó una revisión de los sobrecargos por el directorio presidido por Kristalina Georgieva. El pedido apuntaba a reducir el sobrecosto que hoy paga el país, del 4,05%. Esa tasa es el nivel máximo previsto y la aspiración de Guzmán era reducirla al 1%, lo que suponía el ahorro de US$ 10.000 millones en 10 años.
Ese es el plazo de un acuerdo de Facilidades Extendidas, que es lo que se negocia desde que el Ejecutivo abandonó el planteo de extender dicha duración más allá del tiempo máximo de 10 años previsto por el organismo. El kirchnerismo aspiraba a llevarlo a 20 años, pero eso implicaba modificar el estatuto del FMI, para lo cual había que conseguir más del 85% de los votos.
Y el reclamo de las sobretasas, que despertó en su momento entusiasmo en Economía, tampoco está claro que tenga una resolución favorable. Ya el staff insinuó en febrero pasado al directorio que tuviera cuidado con la Argentina, después de recibir US$ 44.000 millones desde 2018 y convertirse en el mayor tomador de deuda del organismo.
“La exposición del Fondo y los riesgos relacionados crecieron significativamente desde la última revisión en 2018, con tendencias alimentadas por la crisis del Covid. Los créditos pendientes casi se duplicaron. Las precauciones permanecen elevadas. El financiamiento se volvió más concentrado hacia el mayor deudor y la región del hemisferio occidental“, señalaron los técnicos.
Para Héctor Torres, la postura del gobierno es contradictoria. “Nosotros somos a la vez uno de los más activos promotores de la reducción de los sobrecargos y también el mayor riesgo financiero del FMI. Las declaraciones hechas desde el propio espacio del gobierno sugieren que el riesgo es real”, señaló el exrepresentante ante el Fondo.
En Plaza de Mayo, Cristina Kirchner condicionó el viernes el acuerdo con el FMI al advertir que “no se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación”. Fue el mismo día que el Fondo planteó bajar en forma “gradual” el déficit, reducir la inflación y aumentar las reservas, en un comunicado que fue leído por algunos analistas como un guiño al plan de Guzmán de crecer “sin ajustar”.
Con las reservas al límite, el ministro pretendía cerrar un acuerdo antes de fin de año y evitar el pago de US$ 1.890 millones de la semana próxima. Pero esa señal es probable que se aplace al igual que la definición sobre las sobretasas. El Fondo ve un deterioro de los indicadores financieros de sus deudores y la calificadora Moody’s advirtió la semana pasada sobre un alto riesgo de que la Argentina vuelva a caer en default y devalúe.