Diputados de Elisa Carrió pidieron a la Justicia que investigue los motivos por los cuales el ministerio de Seguridad de la Nación no detectó un cargamento de 697 kilos de cocaína que estuvo diez días almacenado en el puerto de Buenos Aires, pero recién fue detectado en Portugal. Desde hace años, Carrió reclama más controles sobre el narcotráfico en la hidrovía Paraguay-Paraná.
En un escrito, los diputados de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López pidieron al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias, que en particular se investigue qué medidas de prevención tomó la dirección nacional de Inteligencia Criminal, que depende del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Carrió mantiene una vieja pelea con Aníbal sobre el avance del narcotráfico.
Iglesias recibió la denuncia, se la pasó al juez en lo penal económico Diego Amarante e informó ayer al bloque de Carrió que están imputados los empleados de la Aduana que controlaron el contenedor que viajó en el buque paraguayo “Doña Verónica”, luego de estar diez días en Buenos Aires, con destino final Portugal. El fiscal habló de 697 y no 648 como se informó originalmente.
El pedido, al que accedió Clarín, solicita a la Procunar que tome una serie medidas de prueba para “verificar la existencia de irregularidades, infracciones, faltas o delitos por acción u omisión por parte de los organismos públicos con responsabilidades y competencias” en el control de mercadería en tránsito en la Hidrovía Paraguay – Paraná.
También solicitó que averigüe si el ministerio de Seguridad de la Nación tomó las medidas necesarias para “prevenir y reprimir el desarrollo de actividades del narcotráfico y otros delitos complejos, de jurisdicción federal, en el territorio de nuestro país y especialmente sobre la Hidrovía Paraguay- Paraná”. Esta implica unos 1.500 kilómetros de vías navegables que comparten cuatro países.
En particular, el escrito de la Coalición Cívica reclamó “analizar las acciones realizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal puntualmente referidas a la producción de inteligencia criminal vinculada al narcotráfico, teniendo en cuenta la comisión de un delito transnacional con involucramiento de países del Mercosur y de Europa”.
“La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal es quién debe actuar. La Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas son los organismos que manejan la información”, agregó.
Pero “quien coordina y lleva adelante los controles es la antedicha dirección de Inteligencia Criminal, donde interactúan los organismos mencionados”, sostuvo el documento de los legisladores.
Todo esto “sin descontar eventuales vinculaciones y hechos colaterales que posibilitaron” el contrabando de cocaína.
Los diputados de Carrió pidieron vincular el caso del contenedor del “Doña Verónica” con otro contrabando de cocaína con el mismo origen que llegó, unos días después, el 27 de octubre de este año a Rotterdam. Se trató de cuatro toneladas de cocaína con destino a Portugal, con un valor en la calle de alrededor de 313 millones de euros. En los dos casos la carga del cereal donde “estaba camuflada la cocaína provenía de la empresa Agroforestal Tacuatí SA”.
No es el primer caso de este tipo que se detecta en tiempos recientes. En marzo de este año, 23 toneladas de cocaína fueron descubiertas en contenedores descargados en los puertos de Hamburgo, Alemania, y Amberes, Bélgica, 16 mil kilos en Hamburgo, siete mil en Amberes.
Así la Hidrovía se convirtió en “el punto de mayor circulación de droga con destino a Europa y compromete la seguridad internacional, es necesario adoptar una serie de medidas con la participación” de los organismos se seguridad y la cancillería.
Por su parte, Aníbal Fernández –quien asumió en seguridad el 20 de septiembre- informó en forma reciente que ese contenedor “llegó desde Paraguay en el buque Doña Verónica y estuvo trece días en la terminal portuaria Exolgan, que ahí se hizo el escaneo. Ya está judicializado y alguien va a tener que dar explicaciones“, en alusión a aduaneros. El contenedor había zarpado en otro buque desde el Puerto Seguro Fluvial de Villeta, Paraguay.
La investigación realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue entregada al fiscal Iglesias.
En una nota, el fiscal Iglesias contestó al bloque de diputados de Carrió que el 4 de noviembre por la noche recibió una comunicación del Departamento de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduana sobre el tránsito del contenedor TCNU3762427 por la República Argentina, proveniente de Paraguay.
La Aduana indicó que el contenedor “había sido controlado por los funcionarios aduaneros, sin haber informado ninguna irregularidad, pese a lo cual, una vez arribado al puerto de Leixoes, Portugal, se hallaron 697 kilos de cocaína”.
El juez Amarante abrió una causa con la denuncia de la Procunar y delegó la investigación en el fiscal Pablo Turano. Iglesias sumó la denuncia de los diputados de la Coalición a la de Turano. Entre otras medidas de prueba, el fiscal Turano hizo secuestrar los celulares de todos los empleados de la Aduana que controlaron ese contenedor y no descarta más medidas de prueba.
Además, el fiscal Iglesias “advirtió una metodología de narcotráfico muy similar a la que se investiga en el caso 14.703/2021 que la fiscal federal 21, Alejandra Mángano, “relacionado con la intervención de la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal respecto de los controles relativos a la mercadería en tránsito por la Hidrovía Paraná-Paraguay” y también le remitió una copia.