Si la historia se lee por lo que está a la vista y resuena en las palabras de algunos de sus protagonistas centrales, el acuerdo con el Fondo Monetario viene decididamente barranca abajo. Otra es la versión, menos belicosa aunque no del todo tranquilizadora, que transmite gente próxima al poder y consultada por el poder: “Hay una mezcla de discurso electoral para la tribuna y de estrategia de negociación, pero no veo clima de ruptura”, dicen.
Hubo, eso sí, algo que torció las relaciones y sobre todo el papel que juega Estados Unidos, a partir de la reunión que el ministro Martín Guzmán mantuvo por separado, el 12 de octubre, con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, y con David Lipton, número dos del organismo en el 2018 del súper stand-by al macrismo. Un detalle: Lipton es hoy un asesor clave del Tesoro norteamericano y, desde ahí, alguien que pisa fuerte en los posicionamientos políticos del gobierno de Joe Biden dentro del Fondo.
“Argentina sigue negociando con el FMI para lograr un acuerdo que sea bueno para el país”, decía Guzmán ese 12 de octubre. “ Muy buena reunión, hoy en Washington”, acompañaba Georgieva.
Hasta ahí, un par de declaraciones bastante previsibles y a tono con el monótono relato del tipo no hagan olas que ambos venían recitando desde sus primeros contactos, en febrero de 2020. Puesta de la forma en que todavía están las cosas, la cuenta arroja unos 20 meses de indefiniciones y un perdedero de tiempo.
Nada había pasado prácticamente desde ese día, cuando en el más cercano 24 de octubre el Guzmán del relato monótono pegó un giro completo, si se quiere extraño en sus maneras y a la vez funcional a sus necesidades de ministro de Economía.
Afirmó: “El préstamo del FMI fue un préstamo político, de apoyo al gobierno anterior. Le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos empleo y más inflación”.
A falta de explicaciones sobre semejante voltereta, queda sospechar que por conveniencia personal, afán de perdurar o estrategia electoral, el ministro decidió asociarse a un discurso que el kirchnerismo fuerza pensando en que es un discurso vendedor. Todo, cuando la campaña enfila directo rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.
Subido al mismo tren, Alberto Fernández hizo un aporte digamos clásico si no rancio al operativo clamor. Sentenció: “Voy a confrontar todo lo que sea necesario y voy a cerrar con el Fondo el día en que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina.
Si todavía no cerramos es porque no nos vamos a arrodillar”.
Y si lo que cuenta el Presidente es de verdad el punto, tiene sentido repetir que la espera ha acumulado un año y medio y ningún resultado. O pensar en eso de que pegarle al FMI es un filón político rendidor, aunque venga gastado por el uso.
Final de esta secuencia, a cargo de Marc Stanley, el futuro embajador de Estados Unidos en la Argentina: “La deuda con el FMI, de 45.000 millones de dólares, es enorme. Y es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para devolverla, y aún no lo tienen”. “Dicen que pronto viene uno”, remató con aires de gracioso en el Senado de su país.
Después de hablar de la “prolongada recesión argentina”, Stanley pasó la factura que quería pasar y advirtió sobre lo que quería advertir. Dijo: “Argentina todavía no se ha unido a Estados Unidos para presionar por reformas significativas en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua”.
Queda claro, entonces, que aun cuando no se hubiesen roto las relaciones con el tándem FMI-EE.UU. estamos ante un panorama cuanto menos y lo suficientemente confuso como para agregar desconfianza y batifondo donde si algo abunda es, justamente, desconfianza y batifondo.
Así, ahora resulta que “el del dólar blue es un mercado marginal que no influye en la vida de los argentinos”, según el especialista en Seguridad Aníbal Fernández. Y también que “no hay ninguna posibilidad de devaluación”, según quien se considera la vocera de todo el oficialismo, Gabriela Cerruti.
La respuesta a la definición de Fernández son los cepos sobre cepos que impone el Banco Central para frenar, sin frenar, a un dólar que se mueve en la zona de los 200 pesos y remacha su papel de refugio para los ahorros de los argentinos. También del BCRA, la respuesta que le toca a Cerruti cuenta que desde que el kirchnerismo desembarcó en la Casa Rosada la devaluación ha escalado nada menos que al 66%.
Está visto: a veces para decir lo que se dice es mejor no decir nada. Aunque cueste.
En la misma, variada saga tenemos nuevamente al embajador Stanley asegurando que el Gobierno aún carece de plan económico y al ministro Guzmán, que en el revoleo de declaraciones, le pide al FMI que “acepte el programa nuestro que ya hemos presentado y baje los sobrecargos”. Un reclamó que volvió a plantearse este sábado. Ante Kristalina Georgieva en la embajada argentina en Roma y ante el plenario de presidentes del G-20. Se verá si hay algún logro con este pedido argentino.
Lo de los sobrecargos es, en realidad, un reclamo que Guzmán despliega sin suerte desde febrero y significan un costo adicional pesado para países que, como la Argentina, han recibido un financiamiento excepcional. Puesto en plata, el plus o súper plus anda entre US$ 738 y US$ 900 millones anuales.
Y a propósito del programa económico, los hechos señalan que apenas existe el Presupuesto Nacional y encima un presupuesto lleno de agujeros. Además, manejar mínimamente un plan con metas fiscales, monetarias y cambiarias plurianuales requiere fundamentar cómo se han armado y, previamente, haber sorteado un escollo crucial: el que plantea las posiciones muy divergentes que anidan al interior y en la superficie de la alianza gobernante.
Se supone que algunas de estas cosas empezarán a definirse apenas pasada la noche del 14 de noviembre y del modo como se repartan los tantos entre los Fernández. Pero no sobrará tiempo y menos cuando las reservas escasean por donde se las mire.
El talonario de vencimientos con el Fondo marca US$ 2.274 millones en lo que queda del año. Y alrededor de US$ 5.800 millones, la planilla de las reservas netas o bastante menos restándoles los 4.000 millones de las tenencias de oro. Todo apretadísimo y más apretado todavía cuando se corre la lupa sólo un poco más adelante.
Las cuentas del Ministerio de Economía dicen pagos por US$ 3.604 millones en el casillero del primer trimestre de 2022 y US$ 6.000 millones definitivamente inalcanzables, computando la deuda que vence con el Club de París.
Analistas privados cercanos al Gobierno rastrean si durante los primeros años de Néstor Kirchner hubo casos en los que el directorio del FMI permitió diferir los pagos, de modo de evitar que la Argentina caiga en default con semejante acreedor. Sería igual a decir default político con las potencias que mandan allí, a correr con costos desparramados por toda la economía y a perder créditos de otros organismos internacionales, o sea, a empeorar lo que ya luce notoriamente complicado.
Esos mismos analistas piensan, de todos modos, que allí existe mucho humo y mucho de estrategia para negociar fuerte y que los Fernández no van a romper.
El problema es que los Fernández no son un duo que genere confianza a mares y que jugar con fuego no siempre sale gratis. Como se ve en el trajín del Banco Central, que va de parche en parche para contener sin contener la fuga de reservas.