Los 14 ex directivos de Vicentin que fueron imputados por estafa no deberán enfrentar la prisión preventiva mientras se investigue si hubo delitos en torno a la cesación de pagos por US$1.350 millones, aunque deberán presentar un seguro de caución (fianza) de US$10 millones.
Este juicio penal que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se inició en julio de este año y tuvo sus primeras audiencias esta semana, está a cargo del juez Román Lanzón y transcurre por vía paralela al concurso comercial, que lidera en Reconquista el juez Fabián Lorenzini, cuya definición se espera para antes de fines de año, con el eventual pago de parte de la deuda. Con todo, en ambos procesos está involucrada la que fue la mayor agroexportadora de capitales nacionales hasta 2019 y sus más de 1700 acreedores, entre bancos y proveedores del mercado granario.
Este jueves, tras el pedido del fiscal Miguel Moreno, Lanzón rechazó que los ex ejecutivos Roberto y Javier Gazze, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Miguel Vallaza, más el ex síndico y actual presidente del directorio, Omar Scarel vayan a la cárcel mientras se lleva adelante el juicio. Y desestimó también la solicitud de la fiscalía para que Buyatti, presidente de la empresa al momento del default, deba usar tobillera electrónica.
Según decidió el juez, Moreno no pudo acreditar pruebas que pongan en riesgo el proceso judicial como para ameritar la pérdida de libertad de los imputados. Tuvo en cuenta que los hechos invocados por el fiscal en la acusación ocurrieron más de un año atrás y ahora está resguardada toda la documentación. En ese sentido, el juez también desestimó la acusación de balances falsos.
Frente la acusación de Moreno, los abogados defensores Jorge Ilharrescondo y Daniel Cuenca alegaron que “los ex directivos de Vicentin se han mantenido a derecho y nunca entorpecieron el proceso investigativo”.
En la audiencia de este jueves se revelaron escuchas telefónicas que apuntaron especialmente a Omar Scarel, actual presidente del directorio, quien mientras era síndico habría realizado maniobras para alterar números contables y nóminas directivas en Vicentin SAIC y otras firmas del grupo empresarial.
Esta causa penal fue iniciada por un grupo de acreedores patrocinados por el abogado Gustavo Feldman, con la presentación de una denuncia a la que luego se sumó un grupo de bancos internacionales que reclaman más de US$500 millones y también el banco Macro.
En tanto, desde el Banco Nación –que reclama US$ 300 millones-, este jueves, luego de la audiencia consideraron que la fianza y el impedimento para salir del país “confirmaría que hubo un fraude millonario organizado por funcionarios macristas, que perjudicó a centenares de empresas, pequeñas cooperativas, trabajadores y a los ahorristas de los bancos”, según expresó Eduardo Hecker, titular de la entidad crediticia pública.