El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, pidió nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, vinculadas a la articulación del trabajo entre la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, la Policía Federal y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para dar seguridad en los traslados de los jefes de estado.
Curi, que no imputó aún a Macri, quiere conocer cómo es la estructura jurídica y funcional de las relaciones entre la AFI, la Casa Militar y la custodia de la Policía Federal antes de tomar posición en un tema tan sensible.
En cambio, el juez Martín Bava quiere avanzar rápido y si hoy le hubiese tomado declaración a Macri, sin haber sido relevado del secreto como estipula la ley de inteligencia 25.520, hubiese sido un motivo de nulidad de la causa.
En un dictamen entregado al juez federal subrogante de Dolores, en vísperas de la declaración indagatoria el expresidente Mauricio Macri, la fiscalía pidió que se remita “toda la normativa que regule la vinculación” entre la Casa Militar de Presidencia de la Nación y la AFI. En cambio, el juez Bava se basa en la posición que tomó su antecesor y miembro de Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, y la comisión provincial de la memoria.
Curi pidió que de “modo específico” se brinden “las explicaciones del caso -en la medida que no existan obstáculos para ello- respecto al modo en el que se operativiza la coordinación entre la referida Casa Militar y el organismo de inteligencia nacional“.
La Casa Militar, a través del regimiento de Granaderos le brinda seguridad al presidente cuando está en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos, y la división custodia de la Policía Federal cuando sale afuera de esos inmuebles.
Además le pidió al juez que tras recibir los elementos de prueba y de considerarlo necesario cite como testigos a las ex “máximas autoridades” de la AFI desde 2001 a la actualidad, a excepción de los procesados en la causa Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Es decir, que tendrán que declarar desde Hugo Anzorreguy hasta Miguel Angel Toma y Cristina Caamaño, entre otros.
En caso de concretarse esta solicitud, los exfuncionarios deberían ser relevados de su obligación de guardar secreto, según consideró el fiscal en su escrito para no cometer el error de hoy del juez.
Las diligencias pedidas son “a los efectos de poder contextualizar de un modo más acabado el escenario en el que se enmarcan los hechos aquí investigados, sino también para comprobar la extensión del daño causado y, en su caso, individualizar otros autores, partícipes, encubridores o instigadores que pudieran haber tenido algún tipo de intervención”.
De manera puntual, el funcionario judicial pidió que se solicite al jefe a cargo de la Casa Militar ” toda normativa que regule la vinculación de ese organismo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”.
“Del mismo modo, y más allá que los Decretos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional son de acceso público en lo que concierne a las designaciones de las personas que estuvieron a cargo de Casa Militar, se requiera la remisión de un informe detallado con la nómina de quienes revistieron como máximas autoridades de tal dependencia desde el año 2001 a la actualidad, con especificación de sus datos personales y de contacto”, agregó. El fiscal no dijo nada sobre eventuales decretos secretos.
Además, solicitó ampliar requerimientos de información ya enviados a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciante en la causa y con una estrella relación con la abogada querellante, Valeria Carreras.
En concreto el fiscal pide que se detalle “el lugar que ocupa dentro de la estructura orgánica el área identificada como Avanzada Presidencial y cuándo se dispuso su creación”. “Asimismo, se especifiquen concretamente, dentro de la estructura jerárquica, cuáles son las dependencias que se encuentran por encima de aquél sector, como así también los departamentos y/o direcciones dependientes del mismo”, agregó.
Curi también pidió, entre otras medidas, “la remisión de las resoluciones históricas de carácter interno que establecieron las misiones y funciones de cada una de las áreas mencionadas y, para el caso que haya operado algún tipo de modificación, sean acompañadas también las constancias de interés”.
Fuentes de inteligencia afirmaron que los llamados “informes ambientales” que se confeccionan antes de que se traslade un presidente para organizar su seguridad los hace generalmente “la AFI cuando viaja al exterior y la inteligencia criminal de la Policía Federal cuando viaja por el interior. De todos modos, “la Policía Federal o la Casa Rosada puede pedir a la AFI que realice un informe ambiental”, aclaró. Los amenazas que se relevan van desde un ataque a balazos hasta un piedrazo contra la seguridad del presidente, explicó.
El fiscal pidió esas medidas. En cambio Bava consideró directamente a estos informes de la AFI como “ilegales” porque “partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri“. Llama la atención que el juez acusa a Macri y no el fiscal.
La base de la imputación son fotos, búsquedas en redes sociales, presuntos seguimientos y supuestas “infiltraciones” en marchas y testimonios de personas que habrían sido parte de la AFI.
En función de eso se le atribuyeron seis hechos a Macri según consta en la causa:
– 15 de enero 2018. 19:20 Malvinas Vallejos -familiar de una víctima del ARA San Juan- “fue seguida por personal de la AFI y fotografiada”.
– 3 de febrero de 2018, la AFI confeccionó un presunto informe sobre los reclamos de familiares.
– 10 de febrero de 2018, la AFI informó que familiares iban a entregar una carta a Macri.
– 2 de abril de 2018. La AFI fotografía a Andrea Mereles y Malvina Vallejos en el Golf Club de Mar del Plata.
– 15 de noviembre del año 2018. Familiares que protestaban en la Base Naval de Mar del Plata fueron fotografiados
– Una serie de presuntos seguimientos, fotos y confección de informes sobre los familiares.